Las organizaciones que suscriben consideramos necesario realizar el siguiente pronunciamiento para manifestar nuestra preocupación por las serias debilidades del Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela publicado el pasado miércoles 14 de agosto por Naciones Unidas y elaborado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Caracas, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario (CH) en el Equipo Humanitario de País (EHP). De acuerdo con su formulación, este plan se hace dentro de un período de ejecución de 6 meses, de julio a diciembre 2019, con requerimientos financieros de 223 millones de dólares para atender una meta de 2,6 millones de personas con necesidades humanitarias en 10 estados del país priorizados, mediante 98 proyectos presentados por 61 socios.

En primer lugar, el plan se plantea como una continuación de la respuesta de Naciones Unidas iniciada en octubre de 2018 cuando se reaccionó tardíamente a una emergencia humanitaria que ya había sido alertada por organizaciones de sociedad civil y altos voceros de la ONU desde 2015. En esta fase se asignaron fondos de emergencia destinados en su mayoría al alivio de las necesidades de 3,4 millones de refugiados y migrantes que huyeron masivamente del país entre 2017 y 2018 (11% de la población), para 2019 esta cifra alcanza los 4 millones de personas. Varias agencias en Venezuela también ampliaron a partir de esas fechas sus acuerdos de cooperación para un plan de escalamiento con severas restricciones de operación ante la negativa del gobierno a reconocer la emergencia y dar acceso a datos oficiales. De esta fase 2018, el plan destaca como logros algunas dotaciones de las que no se ofrece evidencia para evaluar hasta qué punto pueden ser considerados como logros, ni en qué medida pudieron contribuir a reducir los impactos de la emergencia.

En segundo lugar, el plan parte de una línea base de al menos 7 millones de personas con necesidades humanitarias en el país (25% de la población), cuya estimación se realizó en marzo de 2019. Sin embargo, esta cifra presenta considerables subestimaciones debido a la falta de datos nacionales y a que los indicios de fuentes secundarias y la información de terreno indican profundos impactos a nivel estructural que dejaron a millones de personas privadas de bienes y servicios esenciales en todos los sectores (salud, alimentación, agua, educación, servicios básicos, entre otros), sin contar que la emergencia ha continuado agudizando las necesidades humanitarias y para agosto existe un mayor número de personas afectadas que las estimadas en marzo de 2019. A pesar de que esta línea base es trascendental para la elaboración de un plan, hasta la fecha el documento de evaluación de donde se extrae no se ha hecho público en Venezuela, dejando a la población nuevamente sin acceso a información de la que dependen la protección de sus derechos y el cumplimiento de los objetivos que tienen los principios y normas esenciales humanitarias.