El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, acusó a uno de los cabecillas y ahora político de las FARC, Rodrigo Granda, —conocido antiguamente como el ‘canciller’ de esa guerrilla—, de haber sostenido reuniones con el narco guerrillero Iván Márquez desde hace un año.
En el marco del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que aprobó con mayoría la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para Venezuela, el canciller Holmes afirmó que Granda y otros guerrilleros que están en la clandestinidad, tuvieron varios encuentros en ese país.
«La declaración de alias Iván Márquez, alias Santrich y otros de sus cómplices sobre la fundación de un nuevo grupo narcoterrorista, responde a las actividades que ese nuevo grupo adelanta con las facciones del régimen venezolano. Desde hace por lo menos un año alias Márquez y alias Granda mantenían relaciones clandestinas en Venezuela y ahí están los detalles de esas relaciones».
De acuerdo con Holmes Trujillo, Márquez y Granda estuvieron en territorio venezolano. Allí se establecieron varias estrategias para denunciar presuntos incumplimientos del Gobierno de Iván Duque en relación con la implementación del acuerdo celebrado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC. En este sentido, el canciller colombiano calificó que estas acciones no son nada más que «falsedades, mentiras, calumnias y una acción política contra el régimen democrático colombiano».
Permisos a Venezuela por parte de la JEP
En octubre de 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), autorizó la visita de varios dirigentes de FARC a Venezuela, entre ellos se encontraba Rodrigo Granda. La visita fue concedida por el plazo de una semana con destino a la ciudad de San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico. Su gobernador, Ramón Rodríguez Chacín, fue acusado por su cercanía con las guerrillas de FARC y ELN. Por esta cercanía, en septiembre de 2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, le congeló al político chavista sus bienes por presuntamente ser el principal contacto del régimen de Hugo Chávez para dotar de armamento a las FARC.

