Muchas son las promesas fallidas de este personaje que ha venido a representar el liderazgo que conduce la lucha contra el chavismo en los últimos 2 años. En su empeño por no asumir responsabilidades tras cada derrota, una élite del sector opositor de la política nacional sigue cosechando un saldo político negativo mientras sus seguidores viven a la deriva en medio de una guerra que también les afecta.

«Ahora sí, la fecha clave es…»

Seis meses después de haberse proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó no logró su objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder. Más aún, ha prometido el «cese definitivo de la usurpación» en sucesivas fechas al punto que la capacidad de convocar a sus seguidores ha mermado de manera sistemática. Su fanaticada, hasta el sol de hoy, no comprende muy bien cuál es el plan mientras su crisis de orientación política se ahonda.
Entre enero y mediados de abril del año en curso ya eran siete las convocatorias (23 de enero, 2 de febrero, 12 de febrero, 23 de febrero, 8 de marzo, 12 de marzo, 6 de abril…). El 1º de mayo no pasó de una tímida concentración de seguidores desilusionados debido al fallido golpe de Estado del día anterior (30 de abril) encabezado por el diputado de Voluntad Popular y su mentor Leopoldo López.
La multitudinaria manifestación que derroque al gobierno nacional no ha llegado, se sobreentiende que sería un suceso violento y masivo que desborde la capacidad de contención de los cuerpos de seguridad, además tendría que estar desmovilizado el chavismo. Nada de eso ha ocurrido…

Luego de haber cedido al llamado del gobierno venezolano a enviar representación a las mesas de diálogo en Barbados, insistió en que: «se asistirá para establecer una negociación de salida a la dictadura». Aun cuando los titulares de los medios hablaban de «poner fecha y hora» a esto, el miembro de Voluntad Popular no aludió a fechas, posiblemente desistiendo de un método sin resultados evidentes.

«La espera no es eterna», pero el golpe militar no llegó…

Otra promesa no cumplida ha sido la de sumar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a su plan de «cese a la usurpación», la apuesta al sector militar ha constituido una derrota para Guaido y cada vez que les convoca no consigue una respuesta significativa.

En este contexto, el descalabro más notorio ocurrió en la madrugada del pasado 30 de abril cuando aparecieron Juan Guaidó y Leopoldo López rodeados de uniformados diciendo estar dentro de la base militar aérea de La Carlota (estaban en el Distribuidor Altamira, adyacente a la base) en Caracas, desde donde llamaban a que se unieran cientos de miles de civiles y militares.
La estrategia más potente del golpe fue la desinformación y la confusión con la que disfrazaron de rebelión a una manifestación con militares en la que los sublevados nunca llegaron a controlar dicha instalación militar. Y que con el pasar del tiempo evidenció que solo buscaba el escape del máximo líder del partido.

El elemento sorpresa fue que Guaidó mostró a Leopoldo López como señal de que se estaba desarticulando la «dictadura», sosteniendo que la FANB estaba con ellos y que ya se iniciaba el «cese de la «usurpación», por lo que demandaba a los venezolanos a tomar las calles. La realidad fue que López logró huir mediante la compra de voluntades debilitadas y no mediante una operación de rescate por parte de sus «tropas leales». Antes que captar a uniformados en otras partes de la capital o del país, muchos de los militares que originalmente acompañaron en este nuevo montaje desertaron manifestando que habían sido engañados y todos los vehículos militares (menos de 10 blindados antidisturbios) que fueron utilizados fueron retornados a sus comandos de origen. Apenas lograron movilizar un reducido grupo de manifestantes que terminaron protagonizando enfrentamientos con piedras, bombas Molotov, con la respectiva ola de detenciones y represiones contra la sociedad civil, así como en el seno de unas subyugadas y vigiladas fuerzas armadas.

Aún cuando días antes el diputado en cuestión presionaba a los militares bajo el argumento de que la espera no era «eterna» y que todavía podían unirse a la oposición «de manera honorable», el golpe nunca llegó y todo se fue aclarando en tiempo récord.
Por último, Leopoldo López se exilió primero en la embajada chilena y luego en la española, mientras los 20 ó 30 uniformados que se habían sublevado se asilaron en la sede brasileña. El chavismo selló la derrota del golpe movilizando a cientos de miles de sus seguidores a marchar por más de 10 kilómetros de una autopista principal de Caracas.

El TIAR: corolario de una invasión que tampoco llega

En una sesión especial el pasado 23 de julio del 2019, la Asamblea Nacional (AN) sancionó la «Ley aprobatoria de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)», luego de que Guaidó solicitará su aprobación con una moción de urgencia. La ley contiene un solo artículo, el cual establece: «Se aprueba en todas sus partes para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela en lo que se refiere al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)».
Como es sabido, dicho tratado, suscrito el 2 de septiembre de 1947, es un mecanismo firmado por países pertenecientes a la OEA, donde se condena la guerra y se establece que las naciones deben buscar soluciones pacíficas a sus conflictos. Además, el documento incluye el compromiso de que ante un ataque armado por parte de cualquier Estado contra una de las naciones firmantes «será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos».

Días después la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista, afirmó que la reincorporación de Venezuela al TIAR, sancionada por la AN, que para ellos continúan en desacato, es una decisión «nula, carente de validez y de eficacia jurídica».
Juan José Mendoza Jover, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, en representación del sancionado Mikel Moreno, indicó que cualquier acción que se tome en el marco de este tratado debe ser considerado como un «acto hostil a la soberanía venezolana» y una «agresión al pueblo venezolano y la paz».
El magistrado dijo, durante una rueda de prensa, que el Presidente constitucional es Nicolás Maduro y, por tanto, se debe acatar la denuncia que hizo Venezuela ante la OEA y que se formalizó el 27 de abril de 2019. Además, recordó que según la Constitución es el Presidente quien se encarga de dirigir las relaciones exteriores y celebrar o ratificar los tratados internacionales. Por ello rechazaban esta decisión de la AN al sancionar una ley para adherirse nuevamente a este tratado interamericano.
A través del TIAR el «Plan Guaidó»aseguraría una alternativa para seguir gestionando la intervención militar, a la que tanto ha aspirado gran parte de la sociedad Civil venezolana.

Sin embargo, voces dentro del supuesto chabolismo originario como la del excandidato presidencial Henri Falcón, calificaron como una «irresponsabilidad» el anuncio.
Falcón declaró que «el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no tiene propósitos ni finalidades pacíficas. Es un acuerdo militar sin finalidades pacíficas que nace al calor de la Guerra Fría en 1947, incluso antes de la creación de la OTAN; por ello rechazamos este tratado por obsoleto e ineficaz, cuya aprobación entorpecería cualquier proceso de entendimiento», expresó. Agregó que «hay que hablarle con franqueza a los venezolanos; ya basta de irresponsabilidad política y de crear falsas expectativas».

Control de Citgo para «evitar el saqueo», decían…

Quizás la más reciente promesa fallida de este personaje tiene que ver con un punto neurálgico de la soberanía venezolana: los activos nacionales en el extranjero.
En enero pasado, Guaidó anunció el «traspaso» de las cuentas del país en el exterior para «evitar el saqueo», asimismo señaló que se iniciaba un proceso para designar a las directivas de Citgo y PDVSA. «He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas, para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas», dijo en un comunicado vía twitter.
Indicó que el «funcionamiento y control» de dichas cuentas se sometería a la aprobación de la AN para que tomara «las medidas necesarias para garantizar la mayor transparencia» en el uso de los fondos. Tal medida evitaría que el gobierno de Nicolás Maduro «y su banda» hicieran uso de los recursos y «sigan robándose el dinero de los venezolanos».
Asimismo, informó que se inició un proceso para nombrar una nueva directiva de la estatal petrolera PDVSA y de su filial Citgo, que opera en los Estados Unidos.
Señaló que tomaba esta decisión para reactivar la industria petrolera venezolana, que pasaba por un «oscuro momento» y para «garantizar que Citgo siga siendo de los venezolanos». En aquel momento no anunció nombramientos ni estableció plazos.
Al mismo tiempo la administración Trump informaba de sanciones a PDVSA para «evitar futuros desvíos de activos de Venezuela» por parte del gobierno de Maduro y «mantener esos activos para el pueblo venezolano». La Casa Blanca informó a través del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que la vía para la suspensión de estas sanciones pasaría por la «rápida transferencia del control al presidente interino», en referencia a Guaidó, o un «gobierno posterior» elegido en comicios democráticos.

Pero cuál ha sido la realidad de todas Estas medidas…

En días recientes el procurador del «gobierno interino» de Guaidó, el abogado José Ignacio Hernández, quién también fue abogado de Crystallex en el mismo juicio sobre el embargo de activos de Citgo por 1.400 millones de dólares durante 2017. En la disputa entre el Estado venezolano y la compañía aurífera, ésta ha exigido desde 2016 que los activos de CITGO le fueran entregados por la demanda ganada en el CIADI.
Hernández fue contratado por Crystallex para demostrar la relación de la República Bolivariana de Venezuela con Citgo.
Aun cuando en noviembre de 2018 el gobierno constitucional de Venezuela detuvo la acción contra Citgo a acordar con Crystallex – en un tribunal de Ontario – un plan de pagos a partir de 2021 y la cancelación de 425 millones de dólares, todo cambia con las nuevas estrategias de Guaidó: se ejecuta la toma de Citgo, quedando Hernández, el recién nombrado «procurador», como contraparte ante el tribunal de Filadelfia donde se analizaba la apelación de la acción contra la empresa venezolana.

El mecanismo que pretenden utilizar para apoderarse de recursos es lograr
que los bancos donde haya fondos de CITGO permitan la transferencia de
los intereses que se generen a cuentas controladas por la banda «legítima» de Guaidó y su partido Voluntad Popular sin necesidad de tocar el capital.

Otro escándalo de corrupción sería develado por Humberto Calderón Berti, quien acusó a representantes del opositor de manejo indebido de recursos destinados a atender a 148 militares que desertaron en febrero en apoyo al llamado gobierno interino y huyeron al país vecino.

“Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas”, declaraba quien meses antes sería embajador por instrucción del propio Guaido.

USAID y las ayudas humanitarias.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha suministrado, desde 2017, casi 467 millones de dólares a la oposición venezolana en concepto de «ayuda humanitaria», según reconoce el organismo en su sitio web oficial. Además, detalla que, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2019, la USAID ha comprometido 128 millones de dólares para «ayudar» a Guaidó y la Asamblea Nacional «a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia».

«USAID en Venezuela», aclara que el organismo «no transfiere fondos» directamente a la «administración de Guaidó», sino que «se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, donaciones o acuerdos de cooperación». No obstante, no se detalla cuál fue el destino de los recursos.

Ya en septiembre del año pasado, la agencia estadounidense informó que entregaría 52 millones de dólares para apoyar al líder opositor, con el fin de «restaurar la gobernanza democrática» en el país sudamericano.

la agencia norteamericana reconoció también haber asignado fondos para «compensación, costos de viaje y otros gastos para algunos asesores técnicos de la Asamblea Nacional y la administración interina de Guaidó a través de fondos de asistencia».

(Pudiera entenderse que gastos operativos son viáticos, pasajes para viajes al interior del país, así como al exterior, pago de bonos en dólares a los diputados de la Asamblea Nacional, así como pagos a determinados medios de comunicación.)
*Los diputados de la Asamblea Nacional dejaron de percibir los salarios que le corresponden, debido a que el ente fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, organismo que les bloqueó cualquier asignación presupuestaria.

“Los contribuyentes estadounidenses ahora pagan los salarios y gastos de docenas de figuras de la oposición venezolana que han creado un “gobierno en la sombra” dentro de Venezuela y en el extranjero”.
Así lo escribió el pasado 21 de octubre en el portal MROnline Leonardo Flores, un experto en políticas latinoamericanas.

LOS FONDOS NO APARECEN. Y AL CONSULTAR NO PRESENTAN EVIDENCIAS CLARAS SOBRE EL USO Y DESTINO.

Muchas operaciones fallidas y promesas incumplidas arrastra consigo el diputado, quien luego de recibir todo el apoyo económico y político de Estados Unidos durante 2019, no logró cumplir los objetivos planteados. Pero los incumplimientos de Guaidó no se deben solamente a la incompetencia tradicional de la oposición venezolana e internacional, forma parte de un plan de engaño sistemático en el que el abandono de la política y de una agenda nacional es la vía más rápida para poner en manos de sectores minoritarios el poder para controlarlo todo, sin debate ni críticas, sin aceptar rendición de cuentas, a espaldas del ciudadano. Es el caos como estrategia donde una élite continúa saqueando lo que queda de los despojos de una Nación.

Sin embargo impresionante es como ingenuamente un grueso sector de la sociedad se dejan engañar una y otra vez por un liderazgo colaboracionista con los narcos criminales rojos.

El Ilusionista con pies de barro, una y otra vez ha demostrado solo querer oxigenar la narcodictadura ha tenido TODO EL APOYO para lograr la intervención militar y en vez de eso solo conduce a unas ELECCIONES FRAUDULENTAS CON MADURO DONDE TODOS CONOCEN YA EL RESULTADO ANTES DE EMITIRSE EL PRIMER VOTO, 1 año de fracasos y los VENEZOLANOS SON TAN INGENUOS que vuelven a confiar en el mismo individuo colaboracionista QUE LES LLEVA DE NUEVO AL FRACASO.

Coromoto Díaz

Quito-Ecuador

abril 2020