La justicia de Estados Unidos reprogramó para el 26 de marzo la segunda audiencia del expresidente venezolano Nicolás Maduro, inicialmente prevista para el 17 de marzo, en una corte federal de Nueva York. El aplazamiento fue solicitado por la fiscalía, que alegó “problemas de planificación y logística”, y contó con el consentimiento de la defensa del exmandatario. Maduro, capturado en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense, se declaró inocente en su primera comparecencia y aseguró ser un “prisionero de guerra”.

El exgobernante, de 63 años, permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Su esposa, Cilia Flores, también deberá comparecer ante el tribunal el mismo día. Maduro gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, hasta ser sustituido de forma interina por Delcy Rodríguez tras su captura y traslado a territorio estadounidense.

Otra acusación en marcha

La Fiscalía de los Estados Unidos ha presentado cargos contra Nicolás Maduro por delitos de narcotráfico y terrorismo, en un expediente que incluye conspiración para distribuir cocaína, lavado de dinero y la asociación con organizaciones terroristas internacionales. Uno de los aspectos más graves de la acusación es la venta de pasaportes diplomáticos a miembros de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, con el fin de facilitar el transporte de cocaína hacia EE.UU.

De acuerdo con la fiscalía, durante su periodo como Ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, Maduro y sus aliados habrían proporcionado documentos oficiales que garantizaban inmunidad diplomática a narcotraficantes. Según el informe presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los pasaportes ayudaron a facilitar el movimiento de drogas de América Latina hacia el territorio estadounidense.

La acusación también sostiene que Maduro y su círculo cercano se habrían aliado con los cárteles de Sinaloa y Los Zetas para coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Venezuela, pasando por México antes de llegar a EE.UU. El informe revela que México no solo habría sido un punto de tránsito, sino una base logística y financiera clave dentro de la operación que se conoce como el «cártel de los Soles», una organización vinculada a altos funcionarios del régimen venezolano.

El periodo investigado, que abarca desde 1999 hasta 2019, coincide con los mandatos presidenciales en México de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y los primeros años de Andrés Manuel López Obrador. 

El documento también detalla que Los Zetas sobornaban a altos funcionarios venezolanos, como Diosdado Cabello, para organizar el transporte de la droga a través de la ruta Venezuela-México.

Infobae