En una escalada de tensiones diplomáticas, el Gobierno de la República Islámica de Irán ha tomado la determinación de calificar oficialmente como organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todas las naciones que integran la Unión Europea (UE). Esta medida surge como una respuesta directa y recíproca ante la reciente resolución del bloque europeo de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en su lista de agrupaciones terroristas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán emitió un comunicado oficial donde fundamenta esta decisión en el «principio de reciprocidad». Según detalla el organismo, la acción se apoya en el Artículo 7 de la Ley de Acción Recíproca, una normativa diseñada específicamente para responder a presiones internacionales contra sus instituciones de seguridad.

«El Gobierno de la República Islámica de Irán, según el principio de reciprocidad y conforme al Artículo 7 de la Ley de Acción Recíproca en respuesta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista (…) todos los países que sigan o apoyen la decisión de Estados Unidos (…) estarán sujetos a acción recíproca».

Es importante recordar que la legislación mencionada por Teherán tiene sus raíces en el año 2019. En aquel entonces, la ley fue ratificada como un mecanismo de defensa tras la decisión de Estados Unidos de catalogar a la Guardia Revolucionaria iraní dentro de sus listas negras de terrorismo internacional.

Con la aplicación actual de esta norma, Irán extiende su alcance hacia los estados miembros de la UE. De esta manera, el país persa «identifica y declara organizaciones terroristas» a las fuerzas navales, aéreas y terrestres de los ejércitos europeos involucrados en las sanciones previas contra el componente militar iraní.

Por otro lado, la designación impuesta por la Unión Europea contra la Guardia Revolucionaria conlleva severas implicaciones económicas y financieras. Entre las consecuencias inmediatas se encuentra la congelación de fondos, activos financieros y otros recursos económicos dentro del territorio de los países miembros. Asimismo, se establece una prohibición absoluta para que los operadores de la UE pongan cualquier tipo de recurso o capital a disposición de la organización iraní en cuestión.

kch