Este martes, la administración de Irán remarcó que, si bien los alumnos universitarios poseen el derecho legítimo a manifestarse, es imperativo que comprendan la existencia de «líneas rojas» infranqueables. Esta declaración oficial surge tras una serie de movilizaciones registradas desde el pasado fin de semana en diversos recintos académicos del país persa, sobre las cuales las autoridades no habían emitido comentarios hasta este momento.

La vocera del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, se pronunció sobre el malestar estudiantil indicando que es comprensible que los jóvenes sientan indignación ante ciertos escenarios. No obstante, fue enfática al delimitar los límites de la protesta:

«Los asuntos sagrados y la bandera son líneas rojas que hay que proteger y de los que no hay que desviarse, incluso en momentos de ira».

Durante su intervención, Mohajerani subrayó la necesidad de superar la situación actual apelando a la racionalidad, el reconocimiento de fallos y la confianza común. Asimismo, alertó sobre la influencia de «vendedores de sueños» y actores externos que, según su visión, operan como pares de cuchillas que buscan debilitar la integridad de la nación iraní, de acuerdo con reportes de la televisión pública IRIB.

Contexto de las movilizaciones estudiantiles

El inicio del nuevo ciclo académico el pasado sábado sirvió como detonante para estas jornadas de protesta. En los campus se registraron concentraciones tanto a favor como en contra de la gestión gubernamental. En el caso de los opositores, se escucharon consignas que recordaron las movilizaciones por la crisis económica ocurridas entre los meses de diciembre y enero, las cuales dejaron un saldo trágico de miles de víctimas mortales.

En relación con esos eventos previos, el Estado de Irán confirmó recientemente la instauración de una comisión encargada de investigar los disturbios. Las cifras de fallecidos generan controversia: mientras las autoridades oficiales reportan más de 3.000 muertos, una organización no gubernamental radicada en Estados Unidos eleva la cifra a más de 7.000 decesos.

Finalmente, el Gobierno ha sostenido de forma reiterada que en estas manifestaciones operan grupos calificados como «terroristas», presuntamente financiados por Estados Unidos e Israel. Según la narrativa oficial, estos sectores buscan incrementar la violencia y el número de víctimas para facilitar que el mandatario estadounidense, Donald Trump, ejecute sus amenazas de una ofensiva militar contra el territorio iraní.