Este 24 de febrero de 2026, se confirmó la habilitación de una oficina única de recepción de solicitudes (URD) en el Circuito Judicial de Caracas. La medida, anunciada por figuras como la diputada Nora Bracho, busca centralizar los trámites de la Ley de Amnistía. Sin embargo, la iniciativa nace pequeña frente a una realidad de 11.000 casos potenciales y una parálisis administrativa que mantiene procesos emblemáticos en pausa por falta de personal operativo.

​La investigación revela que la voluntad política choca con la inercia institucional. A pesar de las 177 excarcelaciones reportadas por el diputado Jorge Arreaza, el flujo de libertades plenas se ha ralentizado. El caso de el exministro Rodrigo Cabezas es el ejemplo más claro: su solicitud no pudo procesarse a tiempo debido a que los responsables de los tribunales correspondientes se encontraban en periodo de receso o cesantía al momento de la entrega de documentos.

​Un Plan Cayapa

Expertos consultados sugieren que la apertura de una sola oficina en la capital es insuficiente y genera un centralismo perjudicial para los familiares del interior del país. La propuesta de un «Plan Cayapa de Amnistía» surge como la única vía para procesar las más de 3.000 solicitudes que ya han ingresado al sistema.


​Este plan debería incluir:


​Descentralización: Apertura de oficinas URD en estados clave como Zulia, Carabobo y Lara.

Habilitación de Tiempos: Eliminar las trabas por «vacaciones judiciales» en casos de derechos humanos y amnistía.
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El filtro de los 13 «Hechos»: La ley no es automática. Aunque se vendió como una amnistía general, los tribunales están revisando caso por caso si el delito encaja exactamente en los 13 supuestos de la ley, lo que toma un promedio de 15 días por expediente.

Sin un despliegue nacional de jueces itinerantes que se instalen en los centros de reclusión (El Helicoide, Ramo Verde, Yare, Rodeo), la oficina única en Caracas terminará siendo un centro de recepción de papeles que se acumularán sin respuesta inmediata.

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