El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este jueves que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía atenderá solicitudes de venezolanos en el extranjero que consideren que sus casos pueden ser evaluados bajo esta normativa, para su regreso al país.
El parlamentario precisó que esta instancia recibirá peticiones tanto de ciudadanos como de dirigentes políticos que tengan el interés de regresar al país y retomar sus actividades dentro de la vida política nacional.
«Queremos informar a todos los venezolanos que residen fuera del país que hemos instruido a la Comisión de Seguimiento para que comience a tramitar cualquier caso que provenga del exterior; la vía para proceder está abierta», puntualizó Rodríguez al aclarar que la Ley de Amnistía abarca hechos de relevancia jurídica ocurridos entre 1999 y 2025.
El presidente del Legislativo enfatizó que la normativa se fundamenta en artículos y supuestos legales, no en nombres propios. En este sentido, señaló que han recibido solicitudes de personas involucradas en diversos eventos, incluyendo a quienes han tramitado asilo en el extranjero argumentando persecución política, así como a dirigentes que incurrieron en usurpación de funciones o hechos violentos. «Hemos recibido casos de individuos que estuvieron involucrados en eventos de alta peligrosidad, pero los artículos vigentes cubren todos los supuestos», declaró.
Durante su declaración a la prensa, Rodríguez subrayó que el país atraviesa un «nuevo tiempo político», tal como lo ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y destacó la urgencia de alcanzar consensos amplios para evitar «eventos trágicos como los del pasado reciente».
En este contexto, celebró el tono de los debates actuales en la Asamblea Nacional, citando como ejemplo la aprobación por unanimidad de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Amnistía.
En materia legislativa también, adelantó que el Parlamento se enfocará en la reforma de los códigos de orden social y penal. El objetivo, según explicó, es corregir desigualdades del sistema actual donde, a su juicio, el peso de la ley recae con mayor rigor sobre las personas de escasos recursos.
Asimismo, confirmó que se trabaja en la actualización urgente de la Ley de Minas, sin dar fecha de su término.
