La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (SVIMM) advirtió que el Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Minas, que superó su primera discusión en la Asamblea Nacional el pasado lunes y busca transformar la industria extractiva del país, si bien intenta rescatar la institucionalidad del sector, también impone controles y cargas fiscales que podrían terminar asfixiando la inversión que el propio Estado busca atraer.

Desde una perspectiva técnica y estratégica, la SVIMM valora positivamente que el proyecto con 126 artículos logre unificar leyes previas para eliminar el «caos legislativo» y que incluya el arbitraje independiente como una señal de madurez para generar confianza a largo plazo.

El grupo profesional considera que la mayor ventaja técnica es la creación del Banco Nacional del Dato Geocientífico Minero (BNDG), administrado por INGEOMIN, el cual permitiría centralizar información estratégica y reducir los riesgos en la fase de exploración.

Aunado a esto, el gremio celebra la profesionalización de la gestión pública mediante la separación de la política ministerial de las labores de supervisión e inspección a cargo de SUNAMIN.

“Incertidumbre estratégica”

Sin embargo, el pronunciamiento de la SVIMM en torno al proyecto subraya debilidades que podrían desinflar los incentivos para promover la llegada de grandes capitales.

Los ingenieros destacan la «incertidumbre estratégica» que genera la facultad discrecional del Ejecutivo para declarar cualquier mineral como estratégico en mitad de un proyecto, lo que representa un riesgo regulatorio alto.

 A esto se suma el requisito de que el Estado mantenga más del 50% del capital en empresas mixtas, lo que, consideran, constituye un «desincentivo real para corporaciones que exigen control operativo y financiero ante inversiones de alto riesgo».

La asfixia fiscal es otra de las preocupaciones centrales del gremio, señalando que la introducción de contribuciones sobre ingresos brutos, como el 1% destinado al Fondo Minero, amenaza la rentabilidad de las operaciones en ciclos de precios bajos.

Además, la SVIMM lamenta la exclusión de los expertos técnicos en las fases de consulta previa y advierte que el plazo de un año para que los actores del sector se adecúen a la ley «luce insuficiente ante la realidad y complejidad de la industria».

Finalmente, el gremio concluye que, aunque el proyecto es un paso necesario para superar el modelo extractivo desorganizado, su éxito real dependerá de una reglamentación posterior que mitigue la discrecionalidad estatal y ofrezca flexibilidades financieras.

Para los especialistas, la extracción de recursos debe ser entendida como una «corresponsabilidad entre el titular del derecho minero y el Estado» con el fin de garantizar que la actividad se traduzca en un desarrollo integral para la nación.

Se espera que el proyecto inicie su período de consulta pública en los próximos días y que, considerando la urgencia por su aprobación, vuelva al Parlamento la semana próxima para dar inicio a su segunda discusión, en la que deben debatir artículo por artículo.

BE