Lo que durante años se mantuvo como el esqueleto de una promesa urbanística privada, hoy es el epicentro de un escándalo que pone en duda la vigencia del estado de derecho en el Zulia. El sector Los Postes Negros, perteneciente a la parroquia Cacique Mara, ha sido testigo de cómo la propiedad privada puede ser vulnerada en cuestión de minutos bajo el silencio cómplice de quienes portan el uniforme de la ley. Un desarrollo habitacional que permanecía paralizado por la asfixia del sector inmobiliario y la crisis nacional fue asaltado por un grupo de personas que, sin más título que la fuerza, decidieron que el esfuerzo ajeno ahora les pertenece.
La maniobra fue tan violenta como coreografiada. Los invasores irrumpieron en el recinto tras destrozar parte de la cerca perimetral, neutralizando de inmediato al vigilante que custodiaba las edificaciones inconclusas. No hubo diálogo ni mediación, solo el hecho consumado de una ocupación que se autodefine como «popular». El escenario, ubicado justo frente al Colegio Gonzaga, ha pasado de ser una zona de construcción a un búnker de consignas políticas donde los nuevos inquilinos han dejado claro su origen y sus lealtades.
Lo más alarmante de esta situación no es solo la pérdida del inmueble, sino la proximidad de la autoridad ante el delito flagrante. Resulta inverosímil que, mientras se violentaban las estructuras y se expulsaba al personal de seguridad, a menos de 300 metros el comando del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en la avenida Socorro continuaba con su rutina habitual. Esta cercanía geográfica entre el comando policial y el sitio del suceso, ubicado detrás de Residencias Visoca, arroja una sombra de duda razonable sobre la actuación de los funcionarios. El silencio de los funcionarios mientras se fracturaba una propiedad privada sugiere, para el ciudadano de a pie, una omisión que raya en la autorización tácita.


Para no dejar dudas sobre quiénes apadrinan esta toma, las paredes del conjunto ahora lucen pintas que identifican al grupo como parte del Movimiento Tupamaro. Entre los mensajes cargados de retórica gubernamental, destaca uno que señala directamente al gobernador Luis Caldera, estableciendo una conexión política que busca blindar la ilegalidad del acto. Esta simbiosis entre colectivos y consignas oficiales levanta una alerta roja en la comunidad: ¿Estamos ante una nueva temporada de invasiones protegidas?
La falta de respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad obliga a preguntarse si existe una instrucción de «brazos caídos» frente a estos grupos. Si la propiedad privada frente a un colegio emblemático y a pasos de un comando policial no está segura, el mensaje que se envía al sector inmobiliario y a la sociedad civil es devastador. La parroquia Cacique Mara hoy duerme con la incertidumbre de no saber si mañana cualquier terreno o vivienda será el próximo objetivo de estos movimientos que, bajo el escudo de la justicia social, solo parecen sembrar anarquía.

Crítica24