El gobierno interino de Delcy Rodríguez y representantes de la junta administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), designada por la Asamblea Nacional de 2015, decidieron cooperar para defender los activos de Venezuela en Estados Unidos.

Así lo confirmó el abogado y analista de la firma Aurora Macro Strategies, José Ignacio Hernández, a través de su cuenta en X: «Un hecho interesante en la representación legal de Venezuela: el consejo de las autoridades interinas y la Asamblea Nacional de 2015 solicitaron una suspensión para coordinar una defensa legal unificada», a través de los despachos de abogados designados.

De acuerdo con un documento compartido por Hernández en su publicación, «el 11 de marzo de 2026, los Estados Unidos presentaron su Declaración de Interés informando al Tribunal (de Nueva York) que ‘están reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de tomar medidas en nombre de Venezuela’. ECF 621 en 2. Los Abogados reconocen la autoridad de la Presidenta Rodríguez como la única Jefa de Estado reconocida por los Estados Unidos».

En ese sentido, ambas partes pidieron a la jueza federal Sarah Netburn, con sede en Manhattan, que suspenda durante 45 días un caso mientras determinan quién representará los intereses de Venezuela. Los abogados hicieron la solicitud para «permitir a los clientes tiempo suficiente para designar abogados permanentes para las entidades enumeradas a continuación en esta acción, garantizando al mismo tiempo la representación continua y fluida de sus intereses y la protección de sus activos en los tribunales de EE. UU». Ante la solicitud, según informó Hernández, el tribunal acordó otoergar la suspensión hasta el 21 de mayo para facilitar la coordinación.

Según dijo Hernández a Bitácora Económica, los abogados de los despachos designados bajo la autoridad de la Asamblea Nacional 2015 y los del gobierno encargado de Venezuela tomaron la decisión de cooperar para asegurar la continuidad de la estrategia judicial.

Se trata de un caso muy concreto que lleva la Corte del Distrito Sur de Nueva York, conocido como el caso Stansell. “Es una de las muchas demandas basadas en el argumento según el cual Venezuela es una instrumentalidad demandas las FARC”, indicó.

De acuerdo con Hernández, la coordinación entre los abogados de ambas partes «no implica necesariamente que se mantengan ambos despachos, pues puede resultar ineficiente. Pero al menos demuestra voluntad de trabajar en conjunto en la tradición para definir cuáles despachos seguirán atendiendo los casos, nuevamente, para mantener la defensa judicial de Venezuela».

En el caso de la defensa de Citgo

A juicio de Hernández, “cabe suponer” que la estrategia implementada en el caso Stansell “se aplicará en todos los demás casos, en especial respecto de la defensa judicial de Citgo».

Y, al respecto, resaltó que las autoridades interinas a través de Pdvsa en Caracas, «son las únicas que pueden remover y designar administradores de PDV Holding, la matriz de Citgo, siempre bajo el control de la OFAC».

Indicó que “lo ideal es que la coordinación que estamos viendo en los juicios se mantenga también respecto de los administradores, evitando que el cambio de gestión agrave los riesgos de Citgo ante las cortes y lesione sus operaciones», advierte.

Recordó que la defensa judicial de Venezuela implica decenas de casos ante diversas cortes federales y estatales. «Los dos casos más importantes son la subasta de las acciones de PDV Holding, pendiente de apelación ante el Tercer Circuito, y el caso de los bonos Pdvsa 2020, pendiente de apelación ante la Corte del Segundo Circuito. Hasta ahora no ha habido cambios en los despachos de abogados en esos casos», dijo.

Además, a criterio de Hernández, esta coordinación entre los abogados del gobierno encargado y de la AN de 2015, resulta una «buena noticia» por dos razones:

1) Crea condiciones adecuadas para mantener la calidad de la defensa judicial.

2) Puede abrir las puertas a un amplio acuerdo político necesario para atender el problema de la deuda pública, y convertirlo en una oportunidad para la recuperación económica.

BE