Funcionarios del Instituto de Protección Civil y Administración de Desastres (Inpradep), solicitaron al gobernador Rafael Calles que intervenga este organismo y abra una averiguación, pues denuncian supuestas irregularidades, maltrato al personal y condiciones desfavorables para cumplir con las funciones laborales.
Mediante una misiva, manifiestan recibir agresiones verbales de parte de sus jefes, y además piden una investigación (auditoría) en el departamento de administración, por el presunto desvío de recursos otorgados por la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, como por ejemplo, el Fideicomiso que debió ser pagado en abril del año 2019.
Exigen mejoramiento de la infraestructura de la dirección regional y núcleos municipales, pues comentan que los techos están en malas condiciones y las conexiones eléctricas son inadecuadas, lo que pone en riesgo la seguridad del personal. De igual forma, solicitan dotación de uniformes, camas, cocinas, neveras, y equipos para el trabajo de rescate y aplicación de primeros auxilios.
También acusan que las unidades como ambulancias y vehículos multipropósito de Protección Civil están inoperativos, y que se investigue sobre algunos oficiales que no han recibido la jubilación y no están laborando.
Señalan que existen funcionarios de la PEP que están en comisión de servicio en Protección Civil y no trabajan. Así mismo, dicen que a cada trabajador le quitan un producto de la caja Clap que les envía la Dirección Nacional.
Los funcionarios señalan que el estacionamiento de PC lo usan para fines privados, que algunos beneficios como la venta de gas y alimentos para ellos son desviados para otras personas ajenas a la institución, y que los pocos vehículos oficiales operativos supuestamente los usan para buscar gasolina en tambores en horas nocturnas, y luego la venden a particulares.
Reportan que algunas unidades vehiculares han sido prácticamente desvalijadas, existen procesos amañados para el ingreso de nuevos trabajadores, las direcciones municipales no reciben dotación para la oficina, aumento de personal, equipos y herramientas de trabajo. No cuentan con suministro de agua potable y que existen muchos trabajadores, aproximadamente 20, que están sin laborar, lo que debilita a la institución.
“Queremos seguir sirviendo al pueblo portugueseño, pero no tenemos ni siquiera las mínimas condiciones para ello. Le pedimos al gobernador Rafael Calles, y al comisionado Oscar Ángel Valero, secretario de Seguridad Ciudadana, que metan la lupa e investiguen todas nuestras denuncias”, destacan.
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