El mandatario estadounidense, Donald Trump, llega este viernes al vencimiento del período legal de 60 días para sostener operaciones bélicas contra Irán sin la autorización del Congreso. La fecha clave se da en medio de un estancamiento en el campo de batalla, una tregua frágil y un intenso debate político interno sobre los límites del poder ejecutivo en tiempos de guerra.

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero tras bombardeos estadounidenses e israelíes contra territorio iraní, cae bajo los términos de la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Esta norma establece que cualquier acción militar sin respaldo legislativo no puede extenderse más allá de 60 días. El plazo máximo se cumple el 1 de mayo, y la Casa Blanca analiza opciones para evitar tener que pedir permiso formal al Capitolio o retirar a las tropas.

Según analistas y asesores del Congreso citados por Reuters, un fin inmediato de las hostilidades parece poco realista. En cambio, se espera que Trump notifique una extensión de 30 días o que su equipo legal argumente que la guerra ya terminó con el alto el fuego anunciado en abril, aunque las tensiones se mantienen en rutas marítimas estratégicas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió esa postura ante el Senado.

“En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego”, declaró ante el Comité de Servicios Armados.

Sin embargo, los legisladores demócratas rechazaron esa interpretación. Señalaron que la ley no contempla pausas por treguas y recordaron que el Congreso no autorizó la ofensiva ni declaró la guerra. Además, insistieron en que el conflicto no responde a una emergencia nacional directa contra Estados Unidos.

La disputa pone en evidencia un Congreso profundamente fracturado. Desde el inicio de las operaciones, los demócratas han promovido resoluciones para forzar la salida de tropas o exigir autorización legislativa, pero los republicanos las han bloqueado sistemáticamente. El jueves, el Senado rechazó un sexto intento, aunque los senadores Susan Collins y Rand Paul rompieron parcialmente la disciplina de partido al apoyar la medida.

El investigador Christopher Preble, del Stimson Center, atribuyó esta dinámica al alineamiento partidista.

“Es partidismo, simple y llanamente. Los republicanos se niegan a desafiar al presidente, así de sencillo”, afirmó.

La Casa Blanca evitó dar detalles sobre su estrategia. Un funcionario, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, indicó:

“La administración está en conversaciones activas con el Congreso sobre este tema. Los miembros del Congreso que intenten obtener réditos políticos usurpando la autoridad del Comandante en Jefe solo debilitarían a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el extranjero, algo que ningún funcionario electo debería querer hacer”.

En paralelo, funcionarios estadounidenses revelaron que Trump recibió informes sobre posibles nuevos ataques para presionar a Irán a negociar. Teherán respondió con advertencias. Autoridades iraníes aseguraron que cualquier reanudación de hostilidades provocará “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses.

El conflicto también tiene un fuerte impacto económico. Los legisladores demócratas centraron sus críticas en el incremento de los precios de los combustibles tras el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio energético mundial. El Pentágono calculó que la guerra ha costado alrededor de 25.000 millones de dólares, principalmente por el uso masivo de municiones.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, expresó su esperanza de una salida negociada. Dijo que sería “ideal” alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán. En contraste, el líder demócrata, Chuck Schumer, criticó duramente la gestión del conflicto.

“Los republicanos saben que la gestión de Trump en esta guerra ha sido un desastre. Ven cuánto está sufriendo el pueblo estadounidense en este momento”, sostuvo.

Algunos republicanos dejaron abierta la posibilidad de cambiar de posición. El senador John Curtis señaló que respalda las acciones iniciales, pero no apoyaría una campaña prolongada sin autorización del Congreso.

Mientras tanto, la administración insiste en que el alto el fuego modifica el cómputo del plazo legal, una interpretación que no aparece en la ley vigente. La decisión final de Trump, ya sea solicitar autorización, pedir una prórroga o ignorar el límite, definirá el rumbo de un conflicto que permanece sin resolución y bajo una presión política creciente en Washington.

Infobae