La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este sábado 9 de mayo que existen jueces que presuntamente cobran dinero para aplicar beneficios contemplados en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional.

“Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía. Eso debe cesar”, afirmó Rodríguez durante el balance de los primeros 100 días del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, transmitido por VTV

La mandataria también reconoció irregularidades dentro del sistema judicial venezolano al señalar que “las desviaciones del sistema de justicia penal han existido y existen”.

Durante su intervención, Rodríguez recordó que anteriormente solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia un “reformateo de la justicia” y una consulta nacional para construir “un nuevo sistema de justicia penal”.

En su alocución, Rodríguez adelantó que en las próximas horas se anunciarán resultados concretos derivados del trabajo conjunto con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Penitenciario.

Aplicación de amnistías y cuestionamientos

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue propuesta por Rodríguez el 30 de enero de 2026 y aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional el 19 de febrero. El oficialismo presentó la medida como un mecanismo de reconciliación nacional tras la crisis política derivada de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

La normativa contempla beneficios para casos vinculados con hechos políticos ocurridos entre 1999 y 2026, aunque excluye delitos considerados graves como corrupción, narcotráfico, homicidio intencional, violaciones de derechos humanos y acciones armadas.

Desde su promulgación, el gobierno venezolano ha asegurado que 8.616 personas fueron beneficiadas con medidas judiciales, excarcelaciones y procesos de revisión derivados de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales han cuestionado este balance.

La ONG Foro Penal ha denunciado de forma reiterada la existencia de retrasos procesales, discrecionalidad judicial y severas restricciones posteriores a las liberaciones. Organismos internacionales y ONG independientes sostienen que solo una parte de los beneficiados obtuvo libertad plena y que centenares continúan sometidos a medidas cautelares, prohibiciones de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó previamente que solo 186 personas habían recibido libertad plena, mientras que al menos 554 permanecían bajo restricciones judiciales pese a haber sido excarceladas.

Tras la aprobación de la ley, familiares de detenidos y sectores de la oposición insistieron en que entre 473 y 672 presos políticos continuaban privados de libertad o quedaron excluidos del proceso de amnistía, especialmente militares procesados en años anteriores y civiles acusados por delitos excluidos de la norma.

Admisión y corrección

Rodríguez, afirmó que el Gobierno está dispuesto a corregir los errores que hayan afectado la gestión pública, al tiempo que reiteró que las sanciones internacionales han tenido un impacto directo en áreas sensibles como salarios, servicios, salud y educación; y subrayó la necesidad de evidenciar “espacio por espacio” los efectos del bloqueo económico sobre la vida cotidiana de la población.

“Nosotros nunca hemos negado errores y lo que haya que corregir se corrige; me pongo al frente para corregir lo que se tenga que corregir”, afirmó, al insistir en que las medidas coercitivas han golpeado especialmente a los trabajadores y pensionados.

ED