Este miércoles, el concejal Luis Cabrera (UNT) encendió las alarmas durante la primera discusión del Proyecto de Ordenanza sobre Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos. Para Cabrera, lo que se presenta como una «modernización necesaria» es en realidad un caballo de Troya legal que pretende darle al Ejecutivo facultades discrecionales que atropellan la ley vigente.

Cabrera advirtió: lo que venden como modernización es, en realidad, un intento de instaurar un control absoluto y arbitrario sobre los procedimientos públicos. «Un decreto del ejecutivo no puede quebrar una ordenanza. Hasta el momento parece ser una ordenanza discrecional o habilitante que favorece al alcalde y no al ciudadano», sentenció el edil, dejando claro que no permitirá que la simplificación de trámites se convierta en una patente de corso para el descontrol institucional.

Contra el «anarquismo» institucional

Para el concejal de Un Nuevo Tiempo, el articulado actual es un peligro jurídico que pretende subordinar la ley a la voluntad del despacho municipal. Cabrera (UNT) fue tajante al señalar que permitir que el Ejecutivo modifique mediante decretos lo que ya ha sido legislado por el Concejo es una aberración que liquida la separación de poderes. «El orden y la ley están por encima de cualquier acción y la simplificación no se puede convertir en un descontrol anárquico», afirmó.

Crítica a la inviabilidad técnica

Cabrera también fustigó los plazos impuestos en el proyecto, calificándolos de improvisados y riesgosos para la ciudad.

Plazos ciegos

Cuestionó la imposición de 10 días para trámites de alta complejidad técnica, lo que podría derivar en decisiones precipitadas que afecten la seguridad urbana y ambiental del municipio.

Vulneración legal

Exigió que la ordenanza se someta estrictamente a la Ley Orgánica para la Celeridad (2026) y a la LOPPM, para evitar que el Ejecutivo actúe fuera de sus competencias plenas.

Cheque en blanco

Rechazó cualquier artículo que faculte al alcalde a modificar aspectos aprobados por el cuerpo legislativo bajo la figura de decretos administrativos.

«Salvo mi voto hoy para defender la institucionalidad», concluyó Cabrera cerrando el paso a una reforma que, a su juicio, sacrifica el debido proceso y la seguridad jurídica de los maracaiberos para favorecer la discrecionalidad política.

Nota de Prensa