Un tribunal federal en Austin emitió un fallo que suspende la aplicación de las disposiciones centrales de la polémica ley migratoria SB 4 de Texas, la cual pretendía otorgar a las autoridades estatales la facultad de realizar arrestos y deportaciones de personas sospechosas de cruzar la frontera sin documentos. La resolución, firmada por el juez David Ezra, llegó apenas horas antes de que la normativa entrara en vigor y respondió a una demanda colectiva presentada por organizaciones de derechos civiles. En su dictamen, Ezra sostuvo que la ley estatal invade competencias federales y colisiona directamente con la Constitución de Estados Unidos.

El juez subrayó el principio de supremacía de la ley federal sobre las iniciativas estatales en materia migratoria.

“La Constitución no permite que Texas actúe como si fuera un país independiente”, afirmó Ezra, destacando que la normativa contradice las facultades exclusivas del Gobierno federal.

El dictamen fue informado por la agencia Reuters y el diario The Texas Tribune.

Artículos bloqueados de la SB 4

Los siguientes artículos y facultades estatales no podrán aplicarse mientras el bloqueo judicial se mantenga vigente:

  • El delito de reingreso ilegal, que incluso alcanzaba a quienes regresaran al país con autorización o lograran residencia legal posteriormente.
  • El poder otorgado a jueces estatales para dictar órdenes de deportación directas.
  • La tipificación como delito del incumplimiento de dichas órdenes de expulsión emitidas por tribunales estatales.
  • La imposición de continuar procesos judiciales en el ámbito estatal, aun si la persona tenía trámites migratorios abiertos ante instancias federales.
  • La creación de nuevos delitos estatales por cruce fronterizo fuera de puntos oficiales.
  • La facultad de la policía local y estatal para detener a cualquier persona sospechosa de ingreso irregular.
  • La imposición de penas severas, como hasta 20 años de prisión por reincidencia o desobediencia a órdenes estatales de deportación.
  • La ausencia de excepciones para quienes tuvieran permisos federales, residencias legales o casos migratorios pendientes, permitiendo arrestos y expulsiones sin intervención federal.

Sin embargo, la disposición que permite arrestos por “ingreso ilegal” en primera ofensa, sin reincidencia, permanece técnicamente vigente. Hasta ahora, las autoridades estatales no han detallado cómo implementarán únicamente esa sección de la ley, lo que genera incertidumbre sobre posibles detenciones por cruce fronterizo sin autorización.

¿Quiénes impulsaron la demanda?

La demanda que derivó en el fallo fue presentada por la organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) y el Texas Civil Rights Project. Ambas representaron a migrantes hondureños residentes en Austin, quienes podrían haber sido afectados directamente por la normativa. Los abogados argumentaron que Texas pretendía asumir competencias exclusivas del Gobierno federal en materia migratoria, vulnerando la Constitución.

El diario The Texas Tribune informó que el juez Ezra ya había bloqueado intentos previos de implementar la ley, pero un reciente fallo del Quinto Circuito permitió que partes de la SB 4 entraran en vigor. Esto llevó a los colectivos a presentar una nueva acción judicial en busca de una protección más amplia para los migrantes frente a la inminente aplicación de la norma.

¿A quiénes protege la decisión judicial?

La resolución beneficia a personas migrantes que enfrentan procesos de regularización, a quienes regresan tras una deportación previa con permisos federales y a portadores de tarjetas de residencia. El dictamen protege frente a detenciones y expulsiones sumarias por parte de autoridades estatales, incluso en casos donde existan motivos legales para permanecer en el país.

La agencia Reuters detalló que la decisión del juez Ezra impide que Texas aplique arrestos y deportaciones basados únicamente en la sospecha de ingreso irregular, garantizando que solo el Gobierno federal mantenga la potestad para definir y ejecutar políticas migratorias. Esta protección es especialmente relevante para quienes se encuentran en trámites migratorios o poseen autorizaciones temporales.

Alcance y consecuencias judiciales

El dictamen representa un freno para la estrategia migratoria impulsada por el gobernador Greg Abbott, quien ya anunció su intención de apelar la resolución. El juez David Ezra advirtió que permitir la entrada en vigor de la SB 4 podría crear un mosaico de políticas migratorias estatales, fragmentando la uniformidad nacional y comprometiendo los acuerdos internacionales de Estados Unidos.

El litigio continuará en tribunales superiores. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para miles de migrantes y para las autoridades estatales, que deberán esperar una definición judicial definitiva sobre las competencias de Texas en materia migratoria. La disputa podría escalar hasta la Corte Suprema.

Reacciones ante el fallo

El juez Ezra declaró: “Ignorar la Constitución para permitir que Texas controle la frontera no tiene sentido”.

Las organizaciones demandantes celebraron el fallo como un triunfo para los derechos de los migrantes y una garantía de que solo el Gobierno federal puede decidir sobre arrestos y deportaciones por ingreso irregular. Por su parte, la oficina del fiscal general de Texas no respondió a las solicitudes de comentarios antes del cierre de la nota, según consignaron Reuters y The Texas Tribune.

IB