En horas recientes se confirmó la liberación de los exfuncionarios de la Policía Metropolitana Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, quienes cumplían la pena máxima de 30 años de prisión por los sucesos del 11 de abril de 2002. Con esta medida, se genera un cierre simbólico a uno de los casos judiciales más longevos, polémicos y debatidos de la historia contemporánea del país.

Los tres exefectivos permanecían privados de libertad desde los años 2002 y 2003, tras ser acusados de homicidio calificado frustrado en complicidad durante los violentos enfrentamientos en el centro de Caracas que desencadenaron el breve derrocamiento del entonces presidente Hugo Chávez. Durante más de dos décadas, diversas organizaciones de derechos humanos y equipos de defensa catalogaron a estos uniformados como presos políticos, argumentando fallas graves en el debido proceso y exigiendo medidas humanitarias debido al notable deterioro de su salud.

El contexto en el que se produce esta liberación ocurre en pleno desarrollo de una profunda reestructuración del aparato judicial venezolano, marcada por la revisión de casos emblemáticos y un pragmatismo político que busca estabilizar las tensiones internas en el país. Para analistas locales, la salida de Bolívar, Rovaín y Molina de sus centros de reclusión representa un mensaje directo en la dinámica de negociaciones en marcha, desmantelando uno de los símbolos de confrontación más antiguos entre los distintos factores del poder.

Familiares y allegados de los liberados confirmaron que los exfuncionarios ya se encuentran reencontrándose con sus entornos cercanos, tras haber cumplido efectivamente casi el 80% de la condena impuesta originalmente por el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua en el año 2009.

La opinión pública ha reaccionado de forma inmediata en las plataformas digitales, dividiéndose entre quienes consideran la medida como un acto de justicia tardía y reconciliación nacional, y sectores que miran con recelo las decisiones nacidas bajo el actual esquema de transición y reordenamiento institucional.

Crítica24