La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas en un sector afectado por constantes cortes de energía, especialmente en regiones alejadas de Caracas.

Durante una sesión del Legislativo transmitida por ANTV, el diputado oficialista Orlando Miranda -presentador de la reforma-sostuvo que en los últimos años el sistema eléctrico nacional ha mostrado “limitaciones estructurales” y financieras para responder a la demanda de los venezolanos.

El parlamentario señaló que varias termoeléctricas permanecen paralizadas debido a dificultades para adquirir repuestos, lo que ha incrementado la dependencia de la Central Hidroeléctrica de Guri, ubicada en el estado Bolívar.

Capital privado y compensaciones a usuarios

Miranda explicó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó esta propuesta de reforma, la cual contempla un esquema de capital mixto y privado bajo un régimen de concesiones, supervisión pública y corresponsabilidad civil y penal de las empresas operadoras.

Según el diputado, la iniciativa deberá someterse a una segunda discusión antes de su aprobación definitiva. También afirmó que la reforma permitirá que los ciudadanos reciban compensaciones económicas cuando sufran daños ocasionados por apagones o deficiencias en la calidad del servicio, ya que las empresas distribuidoras y comercializadoras tendrían esa obligación legal.

Asimismo, indicó que la viabilidad económica del proyecto se sustenta en un esquema tarifario que refleje los costos reales de operación y que ofrezca una rentabilidad “razonable” para los inversionistas, vinculada a criterios de eficiencia.

El corazón de la reforma

Recalcó que el proyecto de ley está fundamentado en el artículo 156, el cual manifiesta que es competencia del Poder Público Nacional, en su numeral 29, el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y en especial el sistema eléctrico. Indicó que la mandataria (E) ha asumido el compromiso de la protección del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), mantenimiento integral de la infraestructura y la optimización de la atención al pueblo de Venezuela.

Miranda expuso que las limitaciones estructurales y financieras que hoy sufre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) son producto del incremento de la demanda productiva y del impacto de las sanciones económicas internacionales aplicadas desde el año 2015. Estas medidas paralizaron grandes proyectos termoeléctricos ideados en la década pasada en regiones clave como Carabobo (Planta El Palito), Mérida (Don Luis Zambrano) y Zulia (TermoZulia), esta última operando actualmente a un 20% de su capacidad.

La reforma, estructurada en 42 artículos, plantea diversificar los actores en la prestación del servicio, en la cadena de comercialización y generación, permitiendo la coexistencia de cuatro figuras empresariales bajo un estricto régimen de concesiones y supervisión pública:

  • Control estatal: El Estado venezolano se mantiene como el actor fundamental del sistema.
  • Empresas mixtas mayoritarias: Alianzas donde la República preserva el control con más del 50% del capital social.
  • Participación minoritaria: Empresas donde el sector público tiene una presencia menor, previa autorización del Estado.
  • Empresas privadas: Corporaciones privadas debidamente domiciliadas en el territorio nacional.

Miranda señaló que uno de los puntos más relevantes del nuevo texto legal es la corresponsabilidad civil y penal que se les exigirá a las operadoras del servicio. El proyecto introduce un mecanismo de protección directa al ciudadano ante las fallas del suministro:

De ser aprobado el proyecto, las empresas distribuidoras y comercializadoras quedarán obligadas por ley a compensar económicamente a los usuarios por los daños materiales y pérdidas causadas debido a apagones o deficiencias en la calidad del servicio.

Para garantizar la viabilidad financiera del nuevo esquema y atraer inversionistas nacionales e internacionales, la propuesta contempla el diseño de un nuevo pliego tarifario que refleje los costos reales del servicio y asegure una «rentabilidad razonable» atada a la eficiencia.

Asimismo, se faculta al Ejecutivo y a las autoridades regionales para implementar políticas fiscales flexibles. Esto significa que se otorgarán beneficios y exenciones tributarias temporales a los inversionistas, condicionados exclusivamente a la inversión en las áreas más críticas del sistema.

Opiniones

Por su parte, el diputado José Gregorio Correa indicó que una ley como esta debe estar basada en varios ítems, tales como garantizar un suministro confiable y seguro, lo que requiere normas de planificación, promover la inversión y la competencia, facilitar la integración de energías renovables y contribuir al desarrollo sostenible.

De igual forma, el parlamentario Omar Veracierto dijo que esto debe fortalecer el sistema eléctrico nacional y así avanzar en mejorar dicho servicio en el país.

El diputado opositor Ezio Angelini propuso que la legislación incluya mecanismos de descentralización y que también aborde la corrupción, la cual considera una de las causas de los problemas que enfrenta el sistema eléctrico venezolano.

“Hay que hacer una auditoría muy importante de qué ha pasado con todos los recursos que se le han dado al sector eléctrico”, expresó.

Angelini aseguró que en 2019 Venezuela producía unos 20.000 megavatios y consumía alrededor de 12.000, mientras que actualmente genera cerca de 12.000 megavatios y demanda aproximadamente 14.000.

Negociaciones para recuperar el sistema eléctrico

Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada en enero de 2026, anunció en abril negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para atender la crisis eléctrica en el estado Zulia. Las conversaciones forman parte de un plan para rehabilitar la infraestructura energética del país.

Además, a mediados de mayo, el encargado de negocios de EE UU en Venezuela, John Barrett, sostuvo una reunión con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de la red eléctrica nacional.

UN/ED