El gobierno que encabeza la presidenta interina, Delcy Rodríguez, contrató a Greenberg Traurig para representar al país en una larga batalla legal contra la minera Crystallex, que involucra a más de una docena de acreedores que buscan compensación por expropiaciones, informó el bufete, que anteriormente lo defendía, a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos el jueves.

Los abogados Daniel Pulecio y Dominic Draye lideran ahora el equipo de Venezuela en el caso, según declaró esta semana la fiscal general del país, Arianny Seijo, en una carta dirigida al bufete Munger, Tolles & Olson, que solicitó ser retirado como asesor legal por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos.

Este cambio se produce después de que el gobierno interino fuera reconocido formalmente por Washington como jefe de Estado en marzo.

«La decisión del presidente (estadounidense) de reconocer a una parte como único jefe de Estado de un gobierno extranjero es concluyente y vinculante para los tribunales», declaró Munger, Tolles & Olson ante el tribunal.

Venezuela ha estado cambiando su representación legal en tribunales extranjeros en los últimos meses, especialmente en casos importantes en Estados Unidos relacionados con pagos o compensaciones pendientes, mientras intenta estructurar un plan de pago de la deuda.

BE