Julito Martínez, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, trasladó a una persona de su entorno tras regresar de un viaje a Emiratos Árabes Unidos que en aquel país era posible realizar grandes desembolsos económicos sin ningún tipo de control. El Debate ha tenido acceso al contenido de una conversación incorporada a las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la que Martínez puso como ejemplo la posibilidad de gastar varios millones de euros en joyas sin que ello llamara la atención de las autoridades. La afirmación adquiere relevancia en un momento en el que la Audiencia Nacional investiga el origen de las joyas halladas durante el registro de la oficina de Zapatero y analiza su trascendencia penal y fiscal.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, Martínez afirmó textualmente a un interlocutor suyo meses antes de ser detenido sobre sus viajes al país árabe: «Allí puedes gastarte dinero de verdad. Muchísimo dinero. Puedes entrar en una joyería y gastarte 2,5 millones en joyas y no pasa nada». La conversación se produjo después de varios desplazamientos realizados por Julito Martínez a Dubái en el marco de las gestiones que, según las pesquisas policiales, desembocaron en la constitución de la sociedad instrumental utilizada para canalizar el cobro del 1% del rescate público concedido a Plus Ultra. Los investigadores sostienen que Martínez desempeñó un papel clave en el diseño de esa estructura societaria y en las operaciones desarrolladas fuera de España durante aquellos meses.

Las manifestaciones atribuidas a Martínez contrastan además con las explicaciones ofrecidas por el entorno de Zapatero tras el hallazgo de las joyas. Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y portavoz oficioso del expresidente durante las últimas semanas, llegó a sostener públicamente que las piezas intervenidas «tendrían un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros». Sin embargo, el peritaje preliminar incorporado al procedimiento judicial ha elevado esa cifra hasta los 1.323.915 euros, más de veintiséis veces por encima de la valoración trasladada inicialmente por el entorno del exjefe del Ejecutivo.

La fecha en la que se produjeron las manifestaciones del presunto testaferro de Zapatero es clave. Según la documentación consultada por este periódico, la referencia a la compra de joyas millonarias en Dubái fue realizada a finales de 2022, es decir, con posterioridad a 2021. Ese elemento temporal adquiere interés en pleno debate sobre la antigüedad de las piezas halladas por la Policía y sobre las posibles responsabilidades tributarias derivadas de su adquisición. Será ahora la Audiencia Nacional la que deba determinar cuándo fueron compradas las joyas, cuál fue su origen y si existieron o no obligaciones fiscales pendientes de regularizar.

La referencia a las joyas cobra especial interés después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado abrir una pieza separada para investigar su origen. El magistrado considera que existen indicios suficientes para analizar de forma autónoma estos hechos y ha acordado investigar al expresidente por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. La decisión judicial se apoya en el informe pericial preliminar que tasa las piezas. En su resolución, el juez destaca que el origen de esas joyas «en estos momentos no está justificado» y señala que la ausencia de trazabilidad documental sobre su adquisición podría tener relevancia tributaria. El auto sostiene que la tenencia de bienes de lujo de elevado valor sin documentación suficiente constituye un indicio que justifica profundizar en la investigación.

La diferencia entre las primeras valoraciones difundidas públicamente y el resultado del peritaje judicial es notable. Mientras el entorno de Zapatero había restado importancia al hallazgo y había situado el valor de las joyas en cantidades muy inferiores, la tasación incorporada al procedimiento supera ampliamente el millón de euros. Precisamente esa circunstancia ha llevado al magistrado a abrir una línea de investigación específica para determinar cuándo fueron adquiridas las piezas, cómo llegaron a España y si se cumplieron las obligaciones fiscales y aduaneras correspondientes.

En su auto, Calama apunta además que la falta de documentación aduanera, facturas de importación o justificantes de despacho impide descartar que las joyas hubieran accedido al territorio de la Unión Europea eludiendo los controles legalmente exigibles. El juez recuerda igualmente que corresponde ahora al investigado aportar las explicaciones y documentos que considere oportunos para acreditar el origen lícito de los efectos intervenidos y su correcta declaración.

ED