El resumen de una jornada que ha sido histórica e inédita hasta la fecha, un ex presidente del Gobierno declarando como investigado en la Audiencia Nacional, es que José Luis Rodríguez Zapatero no ha logrado «desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» que pesan sobre él y que llevaron a su imputación formal en el ‘caso Plus Ultra’, el pasado 19 de mayo.

Más de tres horas y media de interrogatorio no han servido al veterano socialista para «disipar» las evidencias que obran en su contra y que el juez instructor José Luis Calama ha atribuido a las «diversas y distintas fuentes de prueba» incorporadas en el procedimiento penal.

De entre todas ellas el magistrado ha querido destacar tres: el «contenido de los dispositivos» incautados en los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en noviembre del año pasado (y vinculadas a los principales accionistas y directivos de la compañía rescatada Plus Ultra y al presunto testaferro, Julito Martínez Martínez); la «trazabilidad» de las transferencias efectuadas entre las cuentas bancarias del propio Zapatero, «en relación con fondos procedentes de la ayuda pública concedida por el Gobierno» a la aerolínea; y, la utilización de «múltiples sociedades mercantiles» presuntamente «instrumentales» y creadas para «canalizar» dichos pagos.

Además, en un lugar especial, el juez Calama ha querido referirse al «análisis preliminar» arrojado por el «dispositivo puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de EE.UU.» y que pertenecía al accionista mayoritario de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes. Pero, también, al hallazgo de «piezas de joyería» por valor superior al 1.300.000 euros, en el despacho profesional del ex presidente español, ubicado en la calle Ferraz, «sin que, a día de hoy, se haya acreditado su origen, ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera».

Es decir, teniendo en consideración el carácter embrionario de las pesquisas abiertas, y sin perjuicio de la evolución de la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional considera que los hechos son «de por sí suficientes en este momento procesal para continuar» investigando las actividades, negocios e ingresos de Zapatero.

Así las cosas, pese a que el magistrado instructor ha rechazado aplicar medidas cautelares, tal y como pidieron, al finalizar el acto de la vista tanto la Fiscalía como las ocho acusaciones populares unificadas, representadas por el abogado del PP, sí ha acordado «requerir» al ex presidente del Gobierno para que «en el plazo de una audiencia desde la notificación de la presente resolución, facilite un número de teléfono móvil y un correo electrónico que permitan su inmediata localización» por parte de la Audiencia Nacional. Los datos personales proporcionados por Zapatero quedarán incorporados al sumario dentro de la correspondiente «pieza reservada».

ED