La organización no gubernamental (ONG) SOS Orinoco denunció el 19 de junio que la expansión de la minería ilegal en la región de la Amazonía-Guayana venezolana no responde a una pérdida fortuita de control territorial, sino a una política institucional diseñada de forma deliberada por la administración de Nicolás Maduro y otros funcionarios de su entorno.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de Instagram, SOS Orinoco aseguró que entre los funcionarios que contribuyeron a la proliferación de la minería ilegal en la Amazonía venezolana se encuentran Delcy Rodríguez, Cilia Flores, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello.

El análisis de la organización, que abarca los últimos 25 años, resaltó que el Estado venezolano ejecutó un desmantelamiento de las operaciones mineras formales y de los proyectos industriales que contaban con regulaciones técnicas y ambientales.

SOS Orinoco aseguró que esta política de expropiaciones afectó tanto a corporaciones trasnacionales como a la empresa estatal Minerven, lo que abrió un vacío operativo e institucional que fue ocupado por la minería ilegal, mafias corporativas y agrupaciones armadas.

“La destrucción causada por la minería ilegal en la Amazonía-Guayana venezolana no fue un accidente ni una simple pérdida de control. Fue el resultado de una política diseñada para saquear en beneficio de unos particulares las riquezas de la nación. No fue ausencia del Estado: fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad”, señaló SOS Orinoco.

Expropiación de concesiones formales

Para la ONG, el proceso de desmantelamiento industrial e institucional comenzó a materializarse a partir del año 2008 tras la revocación de la concesión otorgada a la empresa Gold Reserve Inc., una medida que derivó en un litigio internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI) que sentenció a Venezuela al pago de 769 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.

SOS Orinoco resaltó que posteriormente, en el año 2011, la confiscación de los depósitos auríferos de la firma Crystallex generó una nueva condena financiera contra el Estado venezolano por un monto de 1,2 millardos de dólares, lo que consolidó una deuda multimillonaria para la nación junto al abandono absoluto de los estándares de impacto ambiental que regían las zonas de extracción.

El informe también señaló que la institucionalización de este modelo alcanzó su punto álgido en el año 2016 con la promulgación del Decreto 2.248 que creó el Arco Minero del Orinoco, una iniciativa presidencial dirigida a percibir ingresos alternativos mediante un esquema extractivista.

En ese sentido, la ONG denunció que este modelo facilitó la entrega de minas a bandas y estructuras del pranato minero como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Tren de Aragua.

A través de imágenes satelitales y pruebas cartográficas, SOS Orinoco contrastó las condiciones de las áreas de explotación minera en un rango de dos décadas, para demostrar cómo los terrenos que en el año 2006 albergaban la infraestructura legal y los campamentos técnicos construidos bajo regulaciones fueron desmantelados y convertidos para el año 2026 en extensos cráteres de erosión y lagunas de contaminación mercurial que destruyen las cuencas hidrográficas de la Amazonía venezolana.

Ganancias de la minería ilegal en la Amazonía venezolana

Las investigaciones y las estimaciones financieras procesadas por SOS Orinoco hasta el año 2024 expusieron que el 66 % de las ganancias netas generadas por la explotación ilegal de oro, lo que representa una cifra estimada de 3,73 millardos de dólares, estuvo concentrado por los jerarcas militares y civiles de la administración estatal.

Por su parte, señalaron que los grupos armados irregulares y las bandas criminales que ejercían el control territorial y la seguridad operativa de los yacimientos percibían el 20 % de los dividendos, equivalente a 1,13 millardos de dólares.

En contraste con estas ganancias, SOS Orinoco denunció que el Estado venezolano apenas recibía el 8 % de los ingresos por vía fiscal, valorados en 455 millones de dólares, mientras que las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) captaron un 6 %, correspondiente a 337 millones de dólares.

Asimismo, la ONG mencionó eventos como el colapso de la mina Bulla Loca en el año 2024, que dejó un saldo de 16 muertos y 36 heridos, como resultado del “caos operativo” en la zona.

ED