Las autoridades neerlandesas han confirmado el primer caso de eutanasia practicada a un menor de entre 1 y 12 años desde que en febrero de 2024 entró en vigor la normativa que permite este procedimiento en casos de enfermedades incurables que provoquen un sufrimiento insoportable y sin posibilidad de mejoría.

La ministra de Salud de Países Bajos, Sophie Hermans, comunicó al Parlamento que la comisión encargada de evaluar las interrupciones tardías del embarazo y la terminación de la vida de recién nacidos y menores recibió la notificación del caso a finales del año pasado y ha concluido recientemente su análisis.

Según explicó la ministra, la comisión revisó el expediente médico, escuchó al facultativo responsable y trasladó su dictamen a la Fiscalía, que ahora deberá determinar si la actuación se ajustó a la legislación vigente. No se han hecho públicos ni la edad exacta del menor ni la enfermedad que padecía.

La normativa aprobada en 2024 autoriza la terminación de la vida de niños de entre 1 y 12 años que se encuentren en fase terminal y sufran de forma insoportable, siempre que no exista esperanza de recuperación. Además, el procedimiento requiere el consentimiento de los padres y la evaluación de, al menos, un médico independiente.

El informe de la comisión destaca que se trata del primer expediente recibido en esta categoría desde la ampliación de la legislación sobre eutanasia, que anteriormente solo contemplaba a recién nacidos y a menores mayores de 12 años.

Cuando se aprobó la reforma, el Gobierno estimó que alrededor de cinco niños al año podrían reunir los requisitos para acceder a este procedimiento. Muchos de estos casos corresponden a menores con anomalías congénitas graves o enfermedades metabólicas.

La introducción de esta posibilidad provocó un intenso debate político y ético en el país. Diversos partidos conservadores y confesionales cuestionaron la regulación, mientras que organizaciones médicas defendieron la necesidad de disponer de un marco legal para situaciones excepcionales de sufrimiento extremo.

El mismo informe señala también que en 2025 la comisión recibió tres notificaciones de interrupciones tardías del embarazo, todas relacionadas con fetos afectados por graves lesiones cerebrales causadas por infecciones congénitas de citomegalovirus.

En esos casos, los médicos concluyeron que no existían tratamientos capaces de mejorar el pronóstico y que, de llegar al nacimiento, los niños habrían sufrido discapacidades neurológicas severas, epilepsia de difícil control y una dependencia total de cuidados. La comisión determinó que las actuaciones se ajustaron a los requisitos legales de diligencia.

El documento recuerda además que tanto la interrupción tardía del embarazo como la terminación de la vida de recién nacidos o menores de 12 años continúan siendo, en principio, conductas tipificadas en el Código Penal neerlandés.

Sin embargo, los médicos pueden quedar exentos de responsabilidad penal si cumplen estrictamente los criterios de diligencia establecidos y la comisión considera que actuaron con el debido cuidado. Hasta ahora, la Fiscalía no ha procesado a ningún facultativo en los casos examinados.

ED