En el marco de la celebración del Día del Arquitecto en Venezuela, y ante la crisis urbana estructural que atraviesa el país, el Arq. José Antonio Robles, arquitecto y abogado, especialista en construcción, con amplia trayectoria como experto en planificación urbana, gestión ambiental, y con reconocida experiencia en la gestión pública, presentó una propuesta integral para la reconstrucción institucional, técnica y social de las ciudades venezolanas, bajo el concepto de «Nuevo Pacto Urbano».

Para el gremio, esta fecha no es solo una conmemoración, sino una oportunidad para reafirmar el rol del arquitecto no solo como diseñador de espacios, sino como garante del derecho a la ciudad, la equidad territorial y el bienestar colectivo.

El planteamiento parte de un diagnóstico contundente: más del 80% de la población venezolana habita en centros urbanos donde el crecimiento espontáneo ha sustituido a la previsión institucional, generando una fractura profunda entre la norma y la realidad territorial.

Una crisis que ya no admite postergaciones

Según el Arq. Robles, la anarquía urbana tiene un costo multidimensional que el país ya no puede absorber. «Llevar agua potable, recolectar desechos o garantizar transporte a un asentamiento no planificado cuesta hasta cinco veces más que hacerlo en un tejido ordenado desde el origen», señaló.

Los recientes sismos y lluvias han actuado como un «auditor severo de nuestra anarquía», exponiendo la fragilidad de millones de edificaciones y la vulnerabilidad de asentamientos en zonas de alto riesgo.

¿En qué consiste la propuesta?

El Nuevo Pacto Urbano es un acuerdo de convivencia territorial entre el gobierno local, el sector privado y la ciudadanía. Su objetivo es transitar de la improvisación a una ciudad con reglas claras, previsibilidad y corresponsabilidad.

Exige un municipio protagonista con autonomía real, gestionado por técnicos idóneos protegidos por estatutos de carrera y no por designaciones políticas. Al aplicar normas estables para todos y un catastro justo con tributación objetiva, se garantiza la seguridad jurídica del suelo y se demuestra que planificar desde el origen es la única estrategia de supervivencia fiscal y ahorro para el Estado.

La ciudadanía asume el rol de guardiana mediante participación con poder real y veedurías que blindan la gestión. Asimismo, la resiliencia territorial es un pilar innegociable: exige mapas de riesgo actualizados, prohíbe urbanizar zonas de alto peligro y promueve asesoría para la autoconstrucción sismorresistente.

Ordenanzas modernas: prevenir antes que lamentar

Un elemento central es modernizar las ordenanzas urbanísticas para que dejen de ser laberintos burocráticos. «La ordenanza moderna no le dice al ciudadano lo que no puede hacer; le muestra cómo hacerlo bien, rápido y protegiendo el bien común», afirmó Robles.

Ante la crisis territorial, la propuesta incorpora dos instrumentos ineludibles: protocolos de evaluación de riesgo que exigen estudios de microzonificación sísmica y diseños auditados para proyectos en zonas vulnerables, previniendo desastres desde el propio licenciamiento; y la creación de Centros Municipales de Asistencia Técnica para la autoconstrucción segura.

Dado que más del 60% de la vivienda se construye de forma autónoma, estos centros brindarán manuales sismorresistentes y asesoría in situ. «Cada vivienda autoconstruida con criterio sismorresistente es una vida protegida y un patrimonio preservado», enfatizó.

Transformando la gestión urbana: del trámite a la estrategia

Un eje central es la modernización de los ayuntamientos, históricamente simples procesadores de trámites. «Una ciudad no se construye solo aprobando papeles; se construye cuando cada intervención contribuye a la habitabilidad y cohesión social», enfatizó.

Para lograrlo, se plantea la creación de Centros de Gestión Urbana que abandonen la fragmentación institucional. Estos espacios integrarán planificación a largo plazo, cruce de datos catastrales en tiempo real y regularización social, combinando excelencia en diseño urbano con inteligencia de datos para evaluar proyectos de manera integral y preventiva.

Instrumentos operativos y hoja de ruta

Para materializar el pacto, la propuesta se apoya en tres herramientas fundamentales: el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), las ordenanzas modernas y el catastro integrado. «El PDUL no es un dibujo, es un contrato social materializado en el espacio», afirmó el Arq. Robles.

Su ejecución exige activar simultáneamente la capacidad técnica municipal, la sostenibilidad fiscal y la participación ciudadana vinculante. «Ordenar la ciudad no es un lujo, es la única estrategia de supervivencia para tiempos de reconstrucción. Las herramientas y la normativa existen; solo falta la voluntad política de articularlas en un acuerdo transparente y exigible», concluyó el experto tras su presentación.

Nota de Prensa