​El reciente cierre del primer ciclo de conversaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición agrupada bajo la representación institucional —formalizado conjuntamente en Caracas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera— ha colocado sobre la mesa un objetivo tan apremiante como complejo: la unificación de criterios para desbloquear y repatriar las 31 toneladas de reservas auríferas de Venezuela custodiadas en el Banco de Inglaterra.

​Valoradas hoy en más de 4.000 millones de dólares debido al repunte sostenido del metal en los mercados internacionales, estas barras de oro se han convertido en el eje central de un giro radical en la política nacional.

Lo que durante años constituyó un trofeo de la confrontación geopolítica y el limbo de la legitimidad institucional, hoy se perfila —bajo estrictos mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría conjunta— en el recurso financiero indispensable para financiar la reconstrucción y la asistencia directa a los miles de afectados por el devastador doble sismo que sacudió al país.


​Cronología de una disputa histórica


​La batalla legal, diplomática y política por el control de los lingotes depositados en Londres no surgió de la nada; es el resultado de un largo laberinto jurídico internacional que atravesó múltiples etapas:


​2019: El inicio del limbo institucional y el congelamiento preventivo
Tras desconocer los resultados de las elecciones presidenciales de 2018 y reconocer formalmente a la Asamblea Nacional de 2015 como la única autoridad legítima de Venezuela, el gobierno británico de entonces, alineado con la política de Washington, interrumpió el reconocimiento de la administración de Nicolás Maduro. El Banco de Inglaterra bloqueó de inmediato cualquier intento del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por el chavismo, de mover o repatriar las 31 toneladas de oro, argumentando que existía una bicefalidad de poderes y dudas sobre a qué autoridad obedecía la representación legal del Estado venezolano.

​2020 – 2022: La ruta judicial en los tribunales de Londres
Se abrió un proceso judicial sin precedentes en la Corte Superior de Londres y posteriormente en la Corte Suprema del Reino Unido. La disputa enfrentó formalmente a la junta del BCV nombrada por Maduro frente a la «junta ad hoc» del BCV designada por el parlamento opositor de 2015.

Aunque los tribunales británicos determinaron inicialmente que la «única autoridad» reconocida de forma indiscutible era la presidencia interina opositora (lo que impedía al gobierno de Maduro acceder a los recursos), el litigio se estancó en tecnicismos sobre la «doctrina de una sola voz» y la discrecionalidad del Ejecutivo británico, prolongando el congelamiento indefinidamente sin que ninguna de las partes pudiera disponer de los fondos.

​2023 – 2024: El desgaste legal y el aislamiento financiero
Las apelaciones cruzadas continuaron dilucidándose en los estrados británicos con altos costos legales. Mientras el BCV oficialista denunciaba una «confiscación pirata» y un robo descarado de los activos soberanos, la oposición en el exilio utilizaba el argumento de la protección de los bienes de la nación frente a posibles acreedores internacionales.

Sin embargo, el cambio en el tablero geopolítico global y el desgaste de las estructuras paralelas comenzaron a evidenciar la inviabilidad de mantener recursos de tal magnitud inmovilizados mientras el país sufría agudos problemas económicos.

​2025: Los primeros puentes y la diplomacia epistolar
Ante los cambios en las correlaciones de fuerzas internacionales y el paulatino replanteamiento de las sanciones por parte de potencias occidentales, los puentes de comunicación soterrados comenzaron a multiplicarse. Se empezaron a estudiar salidas pragmáticas que sortearan el callejón sin salida de los tribunales ingleses, donde los jueces exigían acuerdos políticos internos en Venezuela para definir quiénes tenían la potestad real de administrar dichos fondos con garantías democráticas.

​2026: El punto de inflexión del desastre natural y el gran pacto nacional
Tras el impacto del doble sismo que dejó miles de víctimas y damnificados, la urgencia humanitaria reconfiguró las prioridades nacionales. La jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, avanzó en la vía diplomática enviando comunicaciones directas —incluso al rey Carlos III del Reino Unido—, mientras el nuevo ciclo de diálogo patrocinado bajo la veeduría internacional culminó en un hito histórico: la firma de un acuerdo formal entre Jorge Rodríguez (en representación del Parlamento) y Dinorah Figuera (como líder de la AN de 2015 y negociadora opositora).

​Hoy, por primera vez en siete años, el oficialismo y la oposición unen formalmente sus voces ante Londres para exigir la liberación del oro. Ya no bajo la lógica de la exclusión y la disputa de Gobiernos paralelos, sino bajo la promesa de una ingeniería financiera transparente destinada a la reconstrucción habitacional y social de un país que urge de sus propios recursos para sanar sus heridas más profundas.

Crítica24