La segunda ronda de conversaciones entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez dejó en el país la sensación de un tren que avanza indiscutiblemente hacia su destino, aunque quizás no a la velocidad que desearían sus pasajeros. Para Ramón López, diputado y miembro de la delegación del Parlamento de 2015, si bien su objetivo de conducir al país hacia unas elecciones libres, justas y verificables es claro, para llegar allí primero es necesario completar la reforma del Poder Judicial iniciada en agosto de este año.

“Todo esto va enfocado, al final, a la construcción de un proceso electoral. Pero para llegar a un proceso electoral es importantísimo tener justicia, tener garantías políticas y civiles, tener plena libertad de expresión, tener partidos políticos restituidos a sus verdaderos representantes. Porque si tú no tienes todos esos componentes, tú no puedes ir a una elección libre”, afirma en entrevista para El Diario.

Precisamente forma parte de la mesa técnica encargada del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde allí, enumera los avances obtenidos en los últimos dos meses, como el acuerdo para reiniciar el proceso que ya había emprendido la Asamblea Nacional electa en 2025, de mayoría oficialista. Con eso se emprendió de nuevo la selección de un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, ahora con un consenso más amplio de la sociedad civil, además de crear mecanismos para hacer un mayor contrapeso a las listas de magistrados que se presenten al Parlamento.

Aunque en esta segunda ronda de conversaciones, que se realizó entre el 17 y el 25 de septiembre, estaba previsto abordar el tema de las garantías civiles y políticas, reconoció que en la agenda de reuniones se priorizó el seguimiento a la renovación del TSJ, por lo que se postergó para la tercera jornada, a mediados de octubre. No obstante, adelantó que allí no solo buscarán la derogación de leyes punitivas usadas para la persecución política, sino que también propondrán una reforma a la Ley de Partidos Políticos.

“No estamos construyendo algo para salir de esto y ya. Lo hacemos para que nunca más ocurra que se secuestre un tribunal, para que nunca más se secuestre la identidad de los partidos políticos, para que nunca más haya violación de derechos humanos, para que se respete y reconstruya un Estado de Derecho. Esto es una gran tarea, quita muchas horas de trabajo, pero de verdad que da una profunda satisfacción cuando uno siente que vamos por el camino correcto hacia un proceso que va a llevar a Venezuela a la democracia plena con reconocimiento de todos los factores”, apuntó.

Consejo de Verificación

Uno de los puntos más importantes que se anunciaron durante esta segunda ronda de conversaciones fue la creación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de los postulados a magistrados del TSJ. Esta instancia, a pesar de no estar contemplada en la ley, forma parte de un acuerdo político que López afirma que busca dar credibilidad al proceso con la selección de siete juristas de reconocida trayectoria.

Cuatro de estos juristas provienen del ámbito académico, la lucha por garantías laborales y la defensa de derechos humanos, así como de sectores identificados con la oposición, mientras que los tres restantes han sido señalados como vinculados al oficialismo y a magistraturas anteriores del TSJ. No obstante, López certificó la probidad de todos sus miembros, asegurando que todos los sectores políticos consultados, incluso los más escépticos con el proceso, han reconocido su trayectoria y profesionalismo.

Por ejemplo, el abogado y coordinador nacional de Vente Venezuela, Perkins Rocha, resaltó en su cuenta de X y calificó como “sobresaliente el alto grado académico, ciudadano y moral” de los cuatro juristas seleccionados por el equipo negociador de la AN de 2015, aunque evitó comentar sobre los otros tres designados por la delegación del gobierno encargado.

“La primera condición es que tuvieran las mismas cualidades, la misma calificación académica y los mismos requisitos que debe tener un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Porque el Comité de Postulaciones va a ser integrado por diputados y por representantes de la sociedad civil que no tienen por qué tener esas cualidades, pero a nivel de credibilidad, pensábamos que en el Consejo de Verificación había necesidad de poner ese requisito”, señala el diputado López.

Explicó que la misión de este consejo será verificar las credenciales de los aspirantes a magistrados en paralelo a la revisión que hará el Comité de Postulaciones Judiciales, que, de acuerdo al cronograma publicado recientemente por la Asamblea Nacional de 2025, debería completarse con la selección de sus representantes de la sociedad y comenzar sus funciones a mediados de octubre.

“Es un trabajo complementario. Y si las cosas deben salir bien, tanto en el Comité de Postulaciones como en el Consejo de Verificación, la lista final debería ser la misma. Si va a estar bajo el mismo criterio y el mismo baremo, debería ser la misma de los que vayan cumpliendo con los requisitos, para que al final haya una lista de gente que, de verdad, tenga las condiciones para ser magistrado”, comentó.

Decisiones vinculantes

De acuerdo con el artículo 264 de la Constitución, los candidatos a magistrados del TSJ pueden presentar su postulación ante el Comité de Postulaciones Judiciales por iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. Aunque el comité, según el artículo 270, debe estar conformado exclusivamente por representantes de la sociedad civil, desde el año 2022 la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia incluyó una comisión parlamentaria que antes era mayoría en el grupo. Con la reciente reforma aprobada por la mesa de negociación, quedó reducida a 11 diputados frente a 12 integrantes de la sociedad civil.

En todo caso, la Constitución señala que el Comité de Postulaciones Judiciales debe escuchar las opiniones de las comunidades al momento de elaborar su lista de preseleccionados. También que “los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea Nacional”.

Por eso, López resalta que todas las recomendaciones u objeciones que haga el Consejo de Revisión de Credenciales serán acatadas por el Comité de Postulaciones Judiciales, algo que, agrega, ya fue también acordado dentro de la mesa de negociación. Indicó que esta instancia solo cesará sus funciones una vez entregue su lista de precandidatos.

El Comité de Postulaciones Judiciales es apenas el primer paso para la selección de los magistrados del TSJ. Este órgano asesor es el encargado de elaborar la primera lista, que luego pasa por el Poder Ciudadano, integrado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General. Esta, a su vez, hace una segunda lista, la cual es finalmente llevada de vuelta a la Asamblea Nacional para la votación definitiva de los nuevos magistrados.

“Quiero decir que la gente debe tener tranquilidad, porque hay una mesa de diálogo. Y ahí nosotros somos garantes, y vamos a ser garantes, de que el proceso se dé en términos realmente autónomos, independientes y cumpliendo con la propia Constitución. Hay una mesa de seguimiento de los acuerdos, que no es muy pública, pero su trabajo es el seguimiento de que las cosas acordadas se vayan dando. Y una de sus tareas va a ser esa”, aclara.

Entre conversaciones

López es consciente de que para la segunda ronda de negociación se esperaban avances en temas como el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, devolución de las tarjetas de partidos políticos intervenidos judicialmente y derogación de leyes usadas para la represión de la disidencia. Reconoció que todos esos puntos estaban inicialmente en la agenda, pero

“El tema del Tribunal Supremo de Justicia agotó muchas horas en toda la implementación en cuanto a la constitución, así que decidieron hablar con gente que aceptara la responsabilidad de estar en el Comité de Verificación, que nosotros estuviésemos de acuerdo con los nombres y que ellos estuviesen de acuerdo también con los nombres”, relató.

Aun así, señaló que su delegación aprovechó su estadía en Caracas para reunirse con diferentes sectores con el fin de profundizar en sus exigencias y diseñar propuestas que luego se entregaron a las autoridades interinas. Durante esa semana de conversaciones, los parlamentarios se reunieron con organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), representantes de los principales medios de comunicación independientes y diferentes activistas por los derechos humanos.

“Nosotros no pretendemos ser especialistas en todas las materias. Llamamos a los involucrados, a los afectados en cada una de las áreas para que nos orienten frente a nuestra conducta. Y no solo eso queda ahí, porque ahí queda toda una comisión que va a revisar toda la cuestión de las concesiones, de los bienes confiscados. O sea, es todo un desarrollo de la libertad de expresión. Y ahora en octubre entraremos a fondo con lo de las garantías políticas y civiles”, comentó.

ED