La Asamblea Nacional (AN) envió el martes 13 de octubre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada el 8 de noviembre de 2017, para que el máximo tribunal evalúe el ajuste de sanciones y la propuesta de despenalización de conductas antes de someter el documento a su segunda discusión legislativa.
De acuerdo con lo expuesto en la sesión ordinaria, la iniciativa tiene como metas centrales revisar las sanciones que, de acuerdo con el análisis parlamentario, habrían sido aplicadas de manera errónea a ciudadanos, así como proceder con la despenalización de determinadas conductas estipuladas en la legislación vigente.
La estructuración del documento fue liderada por una comisión especial. Este equipo de trabajo estuvo presidido por el diputado y primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, en atención a una solicitud formulada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el medio Globovisión.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, detalló durante la plenaria del martes 13 el envío del expediente legal, quien leyó públicamente la comunicación dirigida a la titular del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez.
“Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con su correspondiente exposición de motivos”, señaló el presidente del parlamento a la magistrada.
Próximas etapas procesales
La remisión del escrito obedece al procedimiento estipulado. Jorge Rodríguez precisó que los magistrados deben evaluar el documento conforme al artículo 3 de la Ley Constitucional, el cual se encarga de regular la vigencia de estas normativas.
“Ya estamos en oportunidad de que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien considere el asunto de la reforma parcial para continuar avanzando y traer luego de la consulta a segunda discusión el proyecto de ley”, apuntó el presidente del Parlamento.
Al cumplirse la revisión correspondiente, la propuesta regresará a la Asamblea Nacional para continuar su trámite legislativo. Los artículos que serán modificados deberán conocerse durante las siguientes etapas de discusión.
Piden su derogación
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) consideró que la eliminación de las penas de prisión contempladas en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, representaría un avance, pero advirtió que una reforma parcial sería insuficiente si mantiene las sanciones que permiten bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones a emisoras.
El SNTP señaló que la revisión de la norma recoge una exigencia que periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han planteado desde su aprobación. También indicó que la modificación forma parte de los planteamientos presentados durante el proceso de diálogo entre representantes del gobierno encargado y la oposición.
No obstante, el sindicato y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) reiteraron que la Ley contra el Odio debe ser derogada.
El SNTP sostuvo que, si se opta por una reforma parcial, esta debe modificar tanto las disposiciones penales como los mecanismos administrativos que pueden afectar el funcionamiento de medios de comunicación. Mientras que el CNP a través de su cuenta en X la calificó como “punitiva y discrecional”.
Designación de directivas de comisiones
Jorge Rodríguez informó también el martes sobre la reorganización de las directivas de varias comisiones parlamentarias, de acuerdo con el medio Últimas Noticias.
La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración quedó presidida por el diputado Roy Alberto Daza, acompañado por el diputado Luis Augusto Romero en la primera vicepresidencia y la diputada Ilenia Rosa Medina Carratú en la segunda vicepresidencia.
En cuanto a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, encabezada por la diputada América Valentina Pérez Dávila, se designó al diputado Juan Carlos Sierra como primer vicepresidente, mientras que el diputado Rubén Antonio Lima Telles se mantiene en la segunda vicepresidencia.
Finalmente, la Comisión Permanente de Desarrollo de las Comunas estará bajo la presidencia de la diputada Blanca Rosa Eekhout Gómez, con el diputado Carlos Alberto Mogollón Gavidia en la primera vicepresidencia y la diputada Kenia Paola García Rivero en la segunda vicepresidencia.
ED
