Dirigentes sindicales y representantes de las mesas de diálogo descartaron un aumento salarial antes de finalizar el año. Señalaron que las discusiones técnicas y los compromisos gubernamentales proyectan el inicio de la recuperación del ingreso a partir de enero.

Fuentes de la administración pública -que prefirieron mantener sus nombres en reserva- indicaron que el Ejecutivo está evaluando fijar el sueldo base entre 100 y 120 dólares, manteniendo el complemento mediante bonificaciones. Sin embargo, la dirigencia gremial señaló que estas cifras no han sido discutidas ni confirmadas por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Pablo Zambrano, integrante de la mesa del sector público en representación de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud), señaló que hasta el momento no existe una propuesta formal por parte de las autoridades para ajustar el sueldo básico en las semanas que restan de 2026.

“Para este año no se vislumbra aumento de salario. Recuerda que el salario es una cosa y los bonos son otra. Dentro de lo que se escucha, están hablando de aumento de escalas salariales a partir del año 2027”, afirmó Zambrano, quien indicó que el martes 13 de octubre el sector marchó hacia el Palacio de Miraflores para entregar más de 56.000 firmas para exigir un incremento directo al ingreso base.

Por su parte, Leida Marcela León, representante de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela) en las mesas de consulta salarial, explicó que el Ejecutivo no ha presentado un monto oficial para el cierre del año, pese a las versiones extraoficiales sobre cifras que oscilan entre 100 o 120 dólares.

“No sé si antes de terminar el año, pero sí hay el compromiso de empezar ese proceso en enero. Se habló de un aumento progresivo con base en el crecimiento y hay una propuesta de que el próximo año se produzcan varios aumentos para ir recuperando el valor adquisitivo del salario”, manifestó León.

Salarización y presupuestos

Las discusiones técnicas coordinadas por el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Finanzas evalúan la viabilidad financiera de convertir los bonos en salario. La dirigencia sindical sostiene que la remuneración actual de 130 bolívares imposibilita el cálculo de horas extras, jornadas nocturnas, vacaciones y utilidades.

León detalló que las centrales sindicales han presentado alternativas para ejecutar una transición paulatina del ingreso general hacia el salario mínimo, aunque los ministerios aún realizan corridas financieras según la disponibilidad del presupuesto nacional.

“Que hayan dicho 100, 120, 150 o 200 dólares, eso es falso. Hasta ahora el Estado no nos ha respondido con un monto de acuerdo con las proyecciones económicas que tienen. Nosotros hemos puesto sobre la mesa que es necesario salarizar el ingreso”, indicó la dirigente de ASI Venezuela.

Reforma de la Ley del Trabajo

Respecto a una eventual reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y la eliminación de la retroactividad de las prestaciones sociales, ambos voceros rechazaron que tales medidas formen parte del temario de la mesa del sector público.

Zambrano resaltó que las prestaciones sociales constituyen un derecho individual e indisponible, por lo que ninguna representación gremial o gubernamental posee atribuciones para modificarlas sin una consulta previa a los trabajadores.

“En la mesa donde yo estoy nunca se ha planteado este tipo de discusiones. Las prestaciones sociales son derechos individuales. Cualquier intento de modificación, ningún gobierno, ni Fedecámaras, ni la dirigencia sindical tiene cualidad para modificar un derecho”, sostuvo Zambrano.

Por su parte, León aclaró que la intención del sector sindical es que los acuerdos alcanzados adopten la forma de una ley especial que atienda la coyuntura, sin sustituir la legislación laboral vigente.

“No hay reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y no hay eliminación de las prestaciones sociales. El problema es que hay una crisis económica y que nuestras prestaciones se devalúan. Lo que se está debatiendo en la mesa es cómo hacer para que el Fondo de Prestaciones Sociales sea una garantía y no se devalúen los recursos”, puntualizó.

BE