La violencia sexual contra personas detenidas por motivos políticos es una de las formas de tortura y malos tratos que más dificultades presenta para ser documentada en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU advierte que el número de casos que ha podido registrar probablemente representa solo una parte de los hechos ocurridos.

El miedo a sufrir represalias, tanto contra las víctimas como contra sus familiares, el trauma y el estigma asociado a denunciar este tipo de agresiones dificultan que quienes las padecieron hablen sobre lo ocurrido. De acuerdo con el informe de la Misión, estas barreras son «especialmente significativas para hombres y personas LGBTIQ+», grupos sobre los que existe todavía menos información pública cuando se aborda la violencia sexual en contextos de detención.

Estos casos forman parte del seriado “Textos sobre la Misión de la ONU” del periodista Luis Carlos Díaz, publicado en la página de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que sirve como punto de partida para esta sexta nota sobre los casos documentados por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.

Una concejala del Zulia sufrió violencia sexual durante su detención

Uno de los casos documentados corresponde a una concejala municipal del estado Zulia vinculada con un partido de oposición. La Misión decidió no revelar su nombre y la identifica mediante el código de entrevista ACIV003, una medida de protección utilizada para preservar la identidad de víctimas de violencia sexual.

La mujer fue detenida por tercera vez el 31 de mayo de 2025 y permaneció privada de libertad hasta el 12 de enero de 2026. Durante su reclusión en el DIP de Maracaibo, las autoridades la dejaron sin alimentos durante los primeros tres días, pese a que conocían que padecía una afección gástrica. La situación llegó al punto de que se desmayó en el sótano del tribunal.

La atención médica que recibió posteriormente fue tardía e insuficiente, según la Misión. Su estado de salud se deterioró hasta sufrir desnutrición grave, vómitos con sangre, pérdida parcial de la visión, septicemia y acumulación de líquido en el corazón y las piernas.

El informe identifica al director del centro de detención como Mickael Pérez, quien, según el testimonio recopilado por la Misión, le negó reiteradamente el acceso a atención médica y llegó a destruir órdenes judiciales que autorizaban su traslado a un hospital.

La mujer finalmente fue trasladada cuando se encontraba en estado crítico. Permaneció cuatro días en cuidados intensivos y otros 12 días hospitalizada, pero posteriormente fue devuelta al centro de reclusión sin haber culminado el tratamiento médico.

El nombre de Pérez vuelve a aparecer en otra sección del informe, esta vez en relación con hechos de violencia sexual y de género contra la misma concejala durante su detención en una dependencia de la Policía Nacional Bolivariana en San Francisco, estado Zulia. En estos hechos también aparece involucrado un funcionario identificado por la Misión únicamente con el apellido Galicia.

La lectura conjunta de ambas partes del informe permite observar que las agresiones no ocurrieron como hechos aislados. La misma detenida habría sufrido primero la negación deliberada de atención médica y, posteriormente, actos de violencia sexual durante un periodo de privación de libertad relacionado con su actividad política.

Un periodista fue amenazado con violación

La violencia sexual documentada por la Misión también incluye a hombres. Uno de los casos corresponde a un periodista detenido en el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias, en Caracas.

De acuerdo con su testimonio, durante la detención fue sometido a desnudez forzada, exposición al agua fría, restricciones alimentarias y falta de atención médica. El periodista relató además que el responsable del centro se bajó los pantalones frente a él y lo amenazó explícitamente con abusar sexualmente de él.

El testimonio incluye otro elemento: el hombre aseguró haber presenciado cómo mujeres detenidas en ese mismo lugar eran desnudadas y golpeadas con palos delante de otras personas. Los hechos están recogidos en el párrafo 462 del informe de la Misión.

Durante parte del periodo referido, la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana estaba bajo responsabilidad del mayor general Elio Ramón Estrada Paredes, quien ocupó ese cargo desde julio de 2023 hasta marzo de 2026.

Descargas eléctricas y registros invasivos

Los testimonios recopilados no se limitan a amenazas o agresiones sexuales directas. En sus conclusiones, la Misión enumera distintas formas de violencia sexual que identificó durante sus investigaciones.

Entre ellas menciona amenazas de violación, tocamientos sexuales, descargas eléctricas en los genitales, desnudez forzada y registros corporales invasivos, incluidos exámenes de las partes íntimas.

La Misión advierte que, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, estos actos pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La inclusión de estas prácticas dentro de las conclusiones del informe permite observar que no se trata únicamente de conductas de carácter sexual, sino de mecanismos utilizados para humillar, intimidar, castigar o quebrar física y psicológicamente a personas bajo custodia del Estado.

En ese sentido, la violencia sexual aparece integrada al conjunto de métodos de tortura y malos tratos que la Misión ha documentado en el contexto de la represión política en Venezuela.

Un patrón que la ONU ya había documentado

Los casos incluidos en este informe tampoco aparecen desconectados de investigaciones anteriores de la Misión. En diciembre de 2025, el organismo presentó un informe dedicado específicamente al papel de la Guardia Nacional Bolivariana, en el que concluyó que este componente militar había realizado una «contribución institucional y operativa» a graves violaciones de derechos humanos desde 2014.

Entre las violaciones documentadas entonces estaban la tortura, los malos tratos y la violencia sexual y de género cometida por funcionarios. Esto significa que las agresiones descritas en el informe de 2026 no representan un fenómeno completamente nuevo dentro del aparato de seguridad venezolano. La propia Misión las sitúa dentro de un patrón de violaciones que ha documentado durante años y que, según sus investigaciones, ha estado acompañado por condiciones de impunidad.

La dificultad para conocer la dimensión real de estos hechos es todavía mayor cuando se trata de violencia sexual. El miedo de las víctimas a denunciar, las posibles represalias y el estigma hacen que una parte de las agresiones permanezca fuera de los registros oficiales y de las investigaciones independientes.

Por eso, la Misión advierte que los casos que ha logrado documentar no necesariamente reflejan la totalidad de las agresiones cometidas contra personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

ED